Uno de los principales cuestionamientos de la asamblea era que el proyecto haya sido elaborado por un Consejo Provincial de Políticas Educativas, integrado por representantes de la Iglesia, empresarios y entidades sindicales docentes, con la ausencia de representantes del alumnado, de docentes y de los padres.

El reclamo apuntaba a la realización de un Congreso Educativo Provincial en 2011 para debatir un nuevo proyecto y al rechazo a puntos como la inclusión de la educación religiosa extracurricular y las prácticas administrativas a través de pasantías que, en la práctica, se convierten en "mano de obra barata".

La aprobación de la norma generó la reacción de los manifestantes, a la que la policía provincial respondió reprimiendo. Numerosos manifestantes fueron detenidos tras ser duramente golpeados. Dos legisladores que abandonaron la sede parlamentaria para tratar de apaciguar los ánimos también fueron agredidos a puñetazos por varios manifestantes que no advirtieron que ambos habían votado en contra de la iniciativa oficialista.

Se trata de Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, y Roberto Birri, del Frente Cívico y Social. Ambos justificaron la reacción de los manifestantes por entender que no se tuvieron en cuenta los argumentos que oportunamente esgrimieron en contra del proyecto.