"Esta tarde, haremos una reunión final" para determinar si la demanda de juicio inmediato incluirá las dos acusaciones que pesan contra Berlusconi o una sola de ellas, declaró a la prensa Edmondo Bruti Liberati, jefe de la fiscalía.

El jefe del gobierno italiano es sospechoso de haber recurrido a la prostitución de una menor, por haber remunerado los servicios de una joven marroquí, apodada Ruby, y de haber intervenido desde su cargo para que fuera liberada el pasado mes de mayo.

El juicio inmediato es un procedimiento acelerado del código penal italiano que se basa en una "evidencia" de las pruebas, y puede desembocar en un proceso antes de fines de junio contra Berlusconi.

Por otro lado, el tribunal de Milán anunció el martes su decisión de reanudar el próximo 11 de marzo el juicio por corrupción. En este juicio, Berlusconi es sospechoso de corromper a su antiguo abogado británico David Mills a cambio de testimonios favorables.

La fiscalía acusa a Berlusconi de haber "comprado" por 600.000 dólares el falso testimonio de Mills en dos procedimientos de la década de 1990. Este juicio, uno de los dos en curso contra il Cavaliere, fue suspendido tras la adopción en marzo de 2010 de una ley que acuerda la inmunidad penal a Silvio Berlusconi durante 18 meses.

Pero los jueces han considerado el texto contrario a la Constitución y pedido una decisión a la más alta jurisdicción del país y la Corte Constitucional ha invalidado parcialmente la ley. Así, los juicios contra Berlusconi podrán reanudarse, pero éste podrá evitar comparecer en caso de impedimento vinculado a su función.

El primer ministro tiene por lo tanto la posibilidad de invocar, para la fecha prevista para la reanudación del juicio, el impedimento legítimo si tiene un reencuentro con uno de sus homólogos, una visita en el extranjero o un Consejo de Ministros, entre otros motivos.

En el segundo juicio, que debería reanudarse el 28 de febrero, la fiscalía acusa a Berlusconi de fraude fiscal en la adquisición por parte de su grupo Mediaset de derechos de difusión de las películas.

Según la acusación, el grupo de Berlusconi habría inflado artificialmente el precio de esos derechos, comprados por sociedades pantalla que le pertenecían, durante su reventa en Mediaset.

Gracias a este mecanismo, el grupo habría logrado almacenar dinero en el extranjero y reducir en Italia sus beneficios con el fin de pagar menos impuestos.