A Capaccioli se lo acusa "de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7".

Según la resolución de Oyarbide, ese acto administrativo resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos Obras Sociales casi 48 millones de pesos, que debían ser aplicados para "la implementación de programas de prevención de enfermedades". Además del procesamiento, el juez dispuso un embargo por 500 mil pesos.

Junto con Capaccioli también fueron procesados Fernando José Scopinaro y Osvaldo Oscar Cochlar, ex empleados de la Superintendencia, y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos de ese organismo.