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Musi, también presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), calificó al día de hoy como "histórico" a raíz del retiro de la última de las 56 embarcaciones hundidas en el río, que se aprestaban a efectuar esta mañana una empresa privada y la Prefectura Naval, con la supervisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

"El año que viene, van a estar en marcha los mecanismos (requeridos por la Justicia) pero, a partir de ahí, contemos cinco años más para el saneamiento", calculó Mussi y argumentó que, "una vez que se dejen de arrojar residuos, viene la limpieza". Luego, detalló que la ACUMAR auditó "13.000 de las 19.500 empresas" de la cuenca y prometió que "en tres meses, estaremos terminando de inspeccionar a todas".

De esta manera, el secretario de Ambiente estimó que cumplirá con una de las exigencias del juez federal de Quilmes Luis Armella, comisionado por la Corte Suprema para controlar que se aplique el fallo que ordena sanear el río Matanza-Riachuelo. El magistrado, en abril último, emplazó con un fallo a la ACUMAR a que finalice las inspecciones de las compañías de la cuenca antes del primero de julio próximo, con la advertencia aplicar nuevas multas en el caso de incumplimiento.

Además, le ordenó que "despeje el denominado 'camino de sirga' y el espejo de agua absolutamente de todas las obstaculizaciones", como las generadas por restos de embarcaciones hundidos, carcasas de vehículos, escombros, maderas y plásticos.

"Hay empresas que quieren colaborar y las vamos a ayudar, pero las que no quieren colaborar las vamos a clausurar y multar. No tenemos ninguna duda en este aspecto y los empresarios que quieran jugar de que 'dejo gente en la calle', no van a tener eco. No jueguen con las fuentes de trabajo", apuntó Mussi.