La norma fue aprobada por unanimidad, ningún voto en contra, y 29 abstenciones de los bloques de la Coalición, el PRO y el diputado demócrata de Santa Fe, Carlos Favario. La ley obliga a las empresas a disponer de planes de cobertura médico-asistencial y el Programa Médico Obligatorio, así como brindar prestaciones básicas para personas con discapacidad; e indica que no podrán fijar períodos de carencia o espera para dar las prestaciones, ni tomar la edad como criterio de rechazo de admisión. Tampoco podrán aumentar la cuota para los mayores de 65 años que tengan diez años de antigüedad en determinada entidad.

La sanción se produjo en una sesión especial pedida por el bloque del Frente para la Victoria (FPV), que logró quórum sin el apoyo de los principales bloques de la oposición, que por la mañana habían intentado de manera infructuosa sesionar con un temario propio. El oficialismo reunió 129 diputados en el recinto con el apoyo de las bancadas del socialismo, GEN, Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad, Nuevo Encuentro y legisladores de los bloques de los frentes cívicos de Córdoba y Catamarca. Luego se sumaron, ya iniciada la sesión, el radicalismo, la Coalición Cívica, Peronismo Federal y PRO.

El proyecto tratado había sido modificado por el Senado, cambios que la Cámara de Diputados convalidó finalmente con la sanción definitiva. El presidente de la comisión de Salud, Antonio Morante, manifestó la voluntad del oficialismo de que "en la Argentina exista por primera vez una ley que establezca el marco regulatorio de la medicina prepaga" para que "cuatro millones y medio de argentinos tengan una cobertura garantizada".

El cívico Juan Carlos Morán dijo que su bloque estaba "a favor de la esencia de la ley" pero advirtió que "la regulación de prepagas no puede terminar siendo el buen negocio para Moyano, Zanola y otros sindicalistas corruptos" y acusó al Gobierno de haber frenado la regulación hasta hoy porque el sector de la salud privada fue "aportante a la campaña" electoral a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El radical Agustín Portela, por su parte, sostuvo que la ley "tiene dificultades" y advirtió que "cualquier desequilibrio" pondrá "en riesgo todo el sistema". El jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, pidió encarar, además, "el debate en serio de la salud pública" para que llegue "a todos los argentinos en forma de igualdad", así como "el debate de las obras sociales".

El jefe del bloque socialista, Lisandro Viale, apoyó la norma al entender que "es un gran paso, un avance", pero resaltó que "no implica la solución del problema", que -en su opinión- sería que "el Estado brindara un servicio de excelencia" en materia de salud. La peronista anti-K Graciela Camaño dijo que la aprobación de la ley "es una buena noticia" para los pacientes y afirmó que "están correctamente excluidas" de la norma las obras sociales sindicales, las cooperativas y las mutuales, dado que tienen una legislación específica.

Claudio Lozano, de Proyecto Sur, dijo que el subsistema de la medicina privada mueve 15 mil millones de pesos y son apenas cinco empresas las que concentran entre el 75 y el 80 por ciento del mercado, lo cual justifica su regulación y constituye "un avance en la dirección correcta". Su compañero de inter-bloque Eduardo Macaluse rechazó la idea de que la ley fuera creada para favorecer a Moyano, al recordar que cuando se comenzó a plantear el tema a nivel legislativo el camionero ni siquiera integraba la CGT y estaba alineado al MTA. "No estamos de acuerdo con las reforma que se hicieron en el Senado, porque excluye a algunas prestadoras que pensamos deben estar consideradas", reconoció Macaluse, pero aclaró que, ante la disyuntiva de insistir con la media sanción de Diputados o votar la de Senadores, prefirió respaldar su sanción para que "quede claro que esta ley nace con fuerza".

En la misma línea, Vilma Ibarra destacó que "seguramente esta ley va a ser complementada con la reglamentación" que hará el Poder Ejecutivo, en tanto que Virginia Linares (GEN) afirmó que la ley dará "transparencia" al sistema. Felipe Solá adelantó durante el debate que "en líneas generales" el Peronismo Federal votaría a favor del proyecto.

La nueva ley, rechazada por los empresarios del sector, obliga a las compañías a ofrecer el mismo servicio que dan las obras sociales, y establece que ya no podrán rechazar a ningún eventual afiliado por la edad, ni podrán aumentar los aranceles a los mayores de 65 años que cuenten con más de diez años de antigüedad en determinada empresa.

Esta mañana, la sesión especial pedida por la oposición para tratar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la pauta de publicidad oficial fracasó minutos después de las 10,30 por falta de quórum. La reunión fue levantada por el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner (FPV), al comprobarse que solo había sentados en sus bancas 89 diputados, muchos menos que los 129 necesarios para sesionar.