Miércoles, 4 de mayo de 2011 | Hoy
17:55 › POLíTICA Y COMUNICACIóN
El Secretario de Comunicación Pública le entregó a la delegación, encabezada por el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, un informe sobre las "principales políticas públicas tendientes a democratizar los servicios de comunicación y garantizar la libertad de expresión" en el país.
Durante el encuentro Marroquín estuvo acompañado por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información; María Elvira Domínguez, titular de la Comisión Chapultepec; Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP; Claudio Paolillo, Copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa.
En el informe entregado por las autoridades argentinas se señala que "la demanda por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazara el marco regulatorio impuesto por la dictadura fue uno de los ejes en torno de los cuales se agruparon, desde 1983, diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y universidades que impulsaban la democratización de las comunicaciones".
Más adelante, detalla que "ese núcleo de movilización inicial fue el origen de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que se consolidó a partir de la definición de 21 puntos básicos de acuerdo", y que fue recién después de ese largo proceso de discusión que, en abril de 2008, "la presidenta Cristina Kirchner asumió el compromiso público de elaborar un nuevo proyecto de ley que contemplara los principios propuestos por los actores sociales e institucionales nucleados en la Coalición", y que la propuesta se presentó el 18 de marzo de 2009 y fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la Nación el 18 de noviembre de 2009.
Entre otras iniciativas, el informe oficial destaca que "como resultado de este proceso, se promulgó la Ley 26.513, que deroga la figura de calumnias e injurias como delito penal para expresiones referidas a asuntos de interés público", eliminando la pena de prisión e incorporando la figura de la "real malicia" para juzgar la responsabilidad de los imputados.
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