Al cerrar la etapa de investigación y enviar a juicio oral a Pedraza -que será juzgado por el Tribunal Oral Criminal 21- y los otros nueve acusados, la magistrada anticipó que continuaría analizando la responsabilidad de siete policías federales que estaban en el lugar y liberaron la zona para que la patota actuara. Es en este intersticio que las querellantes colaron los pedido de procesamientos para el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, del subcomisario Luis Alberto Echavarría, del oficial principal Gastón Maximiliano Ezequiel Conti y del comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe de Control de Líneas de la PFA, entre otros.

Así pretenden que se investigue el accionar de los policías que actuaron en el operativo de seguridad el 20 de octubre del año pasado en el barrio porteño de Barracas, cuando Ferreyra fue asesinado de un balazo. Los abogados querellantes Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú sostuvieron que "el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los trabajadores tercerizados (de la línea Roca) y sus acompañantes”, entre los cuales estaba el militante del PO.

Según el argumento de las letradas, “sin la cooperación” de los policías, “acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”. El texto afirma que los agentes de la Federal "conocían de antemano la situación y la alta probabilidad de un ataque violento de la Unión Ferroviaria (UF), además de facilitarlo, apartándose y abriendo camino a la patota de la UF".

En la causa el fiscal Fernando Fiszer pidió ya a la jueza que dicte procesamientos por "abandono de persona calificado e incumplimiento de deberes de funcionario público". Por su parte, los querellantes también los acusaron de permitir que se sacaran las armas del lugar y de "garantizar que se perdiera o directamente se encargaron de eliminar evidencia crucial, como vainas y plomos".