El decreto consideró "necesario" que la UIF "se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados" por la ley en vigencia y recordó que en diciembre de 2008 el decreto 2226 autorizó a la UIF a actuar como parte querellante en los casos que así lo ameriten, en el marco de los compromisos internacionales.

Además, se recordó que el Estado asumió a través de la UIF el rol de querellante, a fin de impulsar investigaciones en curso "no sólo para perseguir a los responsables de delitos, sino también para promover el decomiso de activos ilegalmente obtenidos". Aunque la recuperación de bienes es un objetivo central de la acción penal, "en un alto número de procesos no se investiga el aspecto financiero del delito ni existen pedidos de decomiso", destaca la norma.

Según el decreto 825, la Unidad cumple en la actualidad el rol de querellante en cinco procesos por lavado de activos (cuando hasta 2010 sólo actuaba en una causa tramitada ante la Justicia Federal), y colabora asimismo en más de 70 procesos penales, por requerimiento de los jueces.