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La magistrada, según lo informó el Centro de Información Judicial, dispuso que dicha instalación de ningún modo podrá "afectar la intimidad de los niños, niñas y adolescentes". Según lo acordado en la audiencia, el Ministro de Seguridad tendrá diez días hábiles para acompañar al expediente el acto administrativo correspondiente.

A la audiencia asistieron el procurador general de la Ciudad, Ramiro Monner Sans, representantes de los ministerios de Salud, Educación y Seguridad, padres, docentes y legisladores porteños.

La convocatoria se realizó debido al pedido de ampliación de la medida cautelar que fue presentada en un principio por dos padres, pero a la que se le sumaron otros siete el jueves pasado.

La licitación impulsada por Montenegro incluye a otras 90 escuelas de distintos niveles, en un total de 300 edificios del Gobierno de la Ciudad que serán vigilados por empresas de seguridad privada.

Desde el gobierno porteño habían resaltado que las cámaras se instalarían en el exterior de las escuelas y que sólo se activarían una vez finalizado el horario escolar. Sin embargo, los argumentos esbozados por los funcionarios porteños no están presentes en los pliegos ni en el contrato de adjudicación del servicio, por lo que la jueza decidió frenar preventivamente la licitación.

El gobierno porteño apeló el miércoles pasado el fallo, por lo que ahora la Cámara deberá decidir sobre la cuestión.