[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Si el tribunal sigue el criterio de Casación -a lo que no está obligado, pero como se trata de la recomendación de un superior le deja poco margen de decisión-, el juicio a De la Rúa, al exjefe de la SIDE, Fernando De Santibañes, al exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y a cuatro exsenadores peronistas sufrirá una nueva postergación. La Sala I de Casación dictó el fallo en el marco de un planteo sobre la unificación de ambos juicios, que había dispuesto el tribunal oral, pero a la que se oponía la defensa de Pontaquarto.

El exsecretario parlamentario está acusado en una causa por presunta malversación de seis mil pesos de viáticos utilizados para un viaje al exterior como miembro del Senado y por la falsedad ideológica de documento público que presentó para justificarlos, y en otra por el pago de las coimas para conseguir la aprobación de la reforma laboral que exigía el Fondo Monetario Internacional.

Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Luis María Cabral y Raúl Madueño rechazaron el pedido de Pontaquarto para separar los juicios por entender que el planteo no es una sentencia definitiva para que tengan que intervenir, pero dieron su opinión sobre cómo debería continuar el proceso. Los magistrados explicaron que el caso de los sobornos "ofrece mayor complejidad, atendiendo además a la agenda del tribunal". Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de que ambos juicios se realicen en simultáneo al reafirmar la "facultad del tribunal para unificar procesos".

Fuentes judiciales consultadas por la agencia Dyn coincidieron en que si Pontaquarto es condenado en el juicio de los viáticos, su credibilidad quederá debilitada a la hora de afrontar el de las coimas, ya que fue quien confesó la maniobra del pago de los sobornos. Además, así afronta la posibilidad de que se le unifiquen las sentencias, si es condenado en ambos juicios, y que deba cumplirlas de manera efectiva.

Ahora serán los jueces del Tribunal Oral Federal 3, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, quienes deberán resolver cómo se implementan los juicios. El de las coimas debía comenzar el pasado 22 de noviembre, pero tres días antes fue suspendido luego de que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, retirara al abogado público que Pontaquarto tenía en una de las dos causas. El TOF 3 envió el caso a la Corte Suprema pero el máximo tribunal rechazó intervenir en el proceso.