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Un paro con doble lectura

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), gremio liderado por Julio Piumato, uno de los dirigentes sindicales más cercanos al titular de la CGT anunció para mañana un paro nacional de 24 horas con movilización al Palacio de Tribunales en reclamo de mejoras salariales para el sector. Piumato anunció la medida después del discurso de Hugo Moyano en el estadio de Huracán y el mismo día en que la Corte Suprema elevó su previsión de gastos para el próximo ejercicio a la Jefatura de Gabinete.

El gremio de Piumato fundamentó la medida de fuerza al recordar que la pauta salarial para 2011, acordada por Piumato con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, "consistió en el pago de un incremento salarial de un diez por ciento retroactivo al 1 de marzo y un diez por ciento acumulativo al 1 de mayo, quedando pendiente completar la etapa final de la pauta salaria, acordada en un diez por ciento", se explicó mediante un comunicado.

El documento de la UEJN agrega: "El trámite de autorización de la partida presupuestaria correspondiente para otorgar el pago a dicho aumento presentaba retraso y dificultades debido al proceso de recambio institucional, lo que acarreaba dilaciones, por lo que la Comisión directiva nacional decretó estado de alerta y movilización hasta el 10 de diciembre, en espera de la pronta resolución del tema".

La liberación de la partida para el pago del incremento salarial depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Abal Medina, quien debe autorizar el pago, ya que los fondos están disponibles en la Justicia, según se explicó.

A la par, la Corte Suprema divulgó una nota fechada el 12 de diciembre pasado en la que reclamaba los fondos a la Jefatura de Gabinete. Reproduciendo términos de una nota anterior, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reclamó "las modificaciones presupuestarias pertinentes para sustentar el otorgamiento de un adicional para todas las categorías del escalafón del Poder judicial a partir del 1 de octubre".

En la nota que le remitió el 12 de diciembre, Lorenzetti expresó a Abal Medina que "para atender lo solicitado la jurisdicción cuenta con recursos financieros suficientes, por lo que no se requiere aportes del Tesoro Nacional".

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