La procuradora adjunta Alejandra Cordone Rosello manifestó que en el caso se observan "algunas situaciones irregulares" y citó en primer lugar "la abierta anomalía en la que incurrió la titular del juzgado civil 106, en desmedro de una garantía elemental del Estado de derecho, como es la del juez natural".

En su reconstrucción del caso, la procuradora recordó que tres días antes un juez de otro fuero, el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar de los mismos abogados. El juez invocó la vigencia de una norma de la cartera de salud porteña que habilita expresamente la interrupción de embarazos en situaciones como la planteada, en línea con una reciente acordada de la Corte Suprema.

Pese a ello, el abogado de la Asociación Pro Familia, Pedro María Andereggen, se presentó ante el juzgado a Rustán de Estrada a primera hora del primer día hábil posterior y realizó el mismo pedido, "omitiendo toda referencia al antecedente y sosteniendo competencia de la justicia nacional en un "intento por revertir un resultado adverso". De esta manera, la procuradora consideró que esas "inconductas, tanto la de la jueza nacional como la del letrado interviniente", correspondían ser advertidas para que la Corte adoptara las medidas que considerase pertinentes.

Tras estas medidas judiciales que frenaron el aborto el 9 de octubre, el 10 de ese mes el máximo tribunal del país ordenó la realización del procedimiento, el primero programado en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una mujer de 32 años embarazada tras una violación.