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Según el proyecto, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes alcanzará a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los estados nacional, provincial o municipal.

También quedará bajo su órbita cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

El monitoreo de la situación estará a cargo de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar los derechos contenidos en esta ley.

Entre otras labores, el Comité podrá realizar visitas de inspecciones regulares, extraordinarias o sin previo aviso a cualquier lugar de detención. El Senado le introdujo al proyecto modificaciones a varios artículos y agregó a tres parlamentarios y a un miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre los integrantes del Comité.

En el debate, el radical Eugenio Artaza, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, habló de la "importancia superlativa para derechos humanos en la Argentina".

Mientras que el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus sostuvo que "el proyecto que estamos aprobando hoy es un ejemplo para el mundo". "La palabra tortura en la historia argentina tiene connotaciones complicadas. Esto es recuperar la vanguardia que tuvo la Argentina en este tema", indicó.