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Los huelguistas están imputados de haber participado del enfrentamiento ocurrido el 15 de junio durante un operativo policial de desalojo de un predio rural, donde murieron 11 campesinos y 6 policías, tras un confuso incidente armado que no ha sido aclarado. Aquel hecho fue el detonante para la destitución del entonces presidente Fernando Lugo y generó, además, la suspensión de Paraguay del Mercosur y la Unasur hasta las próximas elecciones del 21 de abril.

Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Luis Olmedo se encuentran procesados y en grave estado de salud, por lo cual la ministra de Justicia y Trabajo, María Segovia Azucas, y el director de la cárcel de la localidad de Oviedo, Carlile Brítez, solicitaron su inmediata asistencia médica. Segovia reclamó al juez de la causa que se disponga la hidratación y la medicación endovenosa correspondiente, según criterio médico, y en caso que sea necesario una alimentación completa de los ayunantes.

Los médicos Fabricio De Giacomi y Cynthia Jara informaron que el caso más preocupante es el de Agüero, de 25 años, quien fue trasladada nuevamente a la Penitenciaría Regional de la localidad de Coronel Oviedo. "Lucía se encuentra en la etapa 2 de ayuno, donde la principal fuente de energía depende de los depósitos de grasa, con signos evidentes de flacidez muscular marcada, pero aún sin signos clínicos de consumo de proteínas", indicó el informe profesional.

Los huelguistas forman parte del grupo de 54 personas que fueron imputadas por la masacre sin que hasta ahora se haya avanzado en la investigación para aclarar los confusos episodios ocurridos en Curuguaty, a unos 240 kilómetros al noreste de Asunción.

El expresidente Lugo, por su parte, responsabilizó al nuevo mandatario, Federico Franco, por la integridad de los huelguistas y, a través de una carta divulgada durante la jornada, advirtió que la matanza de Curuguaty forma parte de una "conspiración de los golpistas, que condujo a la parodia de juicio político" que devino en su destititución. "Ya he afirmado en varias oportunidades que este Gobierno golpista no tiene ningún interés ni voluntad política en investigar seriamente y esclarecer el caso", aseveró el exgobernante, quien también pidió a la comunidad internacional que realice un seguimiento del asunto.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados" en Curuguaty. El fiscal del caso, Jalil Rachid, descartó, además, las versiones de la actuación en el hecho de francotiradores entrenados, aunque los abogados de los procesados sostienen que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por "expertos tiradores" pudieron ser las que abatieron a los policías, con "disparos certeros en la cabeza y el cuello".