Con esta medida, se abre una etapa en que fiscalía y querellas dispondrán de plazos sucesivos de seis días hábiles para precisar las acusaciones contra cada uno de los imputados. Luego de ello será el turno de las defensas, que podrán oponerse o consentir la elevación de la causa a la instancia oral, o si no apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal (que, precisamente, había aconsejado ir a juicio).

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah procesaron al maquinista Marcos Antonio Córdoba, porque aun cuando vio que tenía problemas en los frenos, continuó su marcha, aceleró, dirigió el tren a la deriva a una velocidad elevada y con el mecanismo de hombre muerto desactivado, todo ello, en contraposición con los reglamentos. El delito es descarrilamiento culposo, agravado por muerte.

También a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a otros funcionarios como Antonio Luna, Eduardo Sícaro –sobreseído por Bonadío– y Pedro Ochoa Romero también por el delito de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, una calificación más dura que la que tenían. A esto se suma el delito de defraudación. Los camaristas señalan que los funcionarios tuvieron varios informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) que mencionaban los incumplimientos de TBA y los riesgos en la seguridad.

La parte empresaria también fue procesada, empezando por los hermanos Cirigliano y siguiendo por todos los directivos de TBA y Cometrans, por el delito de descarrilamiento culposo. Los jueces transcriben los diálogos por radio de los conductores de los trenes con la base en los días anteriores al choque, que son una sucesión de advertencias, y un largo listado de llamados de atención que –dicen los jueces– no les hicieron cambiar el estado deficitario en que se prestaba el servicio y los incumplimientos en el cronograma de mantenimiento. También los empresarios son procesados por defraudación.