La querella sostiene que la voladura de la planta cordobesa de Río Tercero, que causó la muerte de siete personas y dejó decenas de heridos, fue "planificada" durante el gobierno de Carlos Menem para "justificar el faltante de armas" que por entonces habían sido vendidas de manera ilegal a Croacia. Y por este motivo apunta contra el expresidente, cuyo desafuero sería discutido por el Congreso en la primera quincena de abril.

Viqueira celebró, además, que el máximo tribunal de Justicia fenara ayer la prescripción de la causa penal que se tramita en los tribunales de Córdoba por ese hecho y volvió a reclamar que sea elevada a juicio oral y público: "Llegado el momento, la Justicia deberá pedir el desafuero (de Menem)", advirtió.

En diálogo con radio Continental, el abogado lamentó que Menem "goce de fueros y esté protegido contra una (eventual) detención", pero advirtió que, no obstante eso, el legislador "puede ser sometido a juicio".

Viqueira, representante legal de los familiares de Hoder Francisco Dalmasso, una de los siete muertos por la voladura, insistió luego con que la explosión de la planta militar fue un "hecho totalmente planificado" y argumentó que eso "quedó demostrado en todas las pericias" realizadas en la causa.

"Lo que se buscaba con la explosión era generar una situación de confusión que permitiera justificar el faltante de armas importantes del Ejército, como cañones y obuses, que habían sido enviados a la fábrica de Río Tercero para su supuesta reparación; en realidad, habían sido enviados a Croacia", insistió.