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Otro de los cambios importantes de la norma es que reduce a dos la cantidad de materias permitidas para pasar de año y establece que tampoco pasarán de curso si esas dos asignaturas desaprobadas son matemáticas, lengua o un idioma oficial. También se elimina la "selectividad", examen final para acceder a la universidad.

Por otro lado, la reforma anticipa un conflicto territorial con Cataluña y el País Vasco, regiones con fuerte identidad nacional propia, y también con comunidades como Andalucía, gobernada por los socialitas e IU. Es que con la nueva norma, el Ministerio de Educación español toma control de los contenidos de materias troncales a pesar de que la educación está descentralizada y es competencia de los gobiernos regionales.

"Necesitamos una remodelación urgente de todo el sistema educativo", manifestó en La Moncloa la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para defender la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), nombre oficial de la conocida como "Ley Wert", por el cuestionado ministro de Educación, José Ignacio Wert. Según la funcionaria, esta reforma servirá para reducir la tasa de abandono escolar temprano en su país, que es del 25 por ciento, el doble de la media de la Unión Europea (UE), y "España no se puede permitir un índice así".

Quienes se oponen a estos cambios -los gremios docentes y los centros de estudiantes- sostienen que estos cambios son un retroceso histórico respecto a los avances en pos de un Estado laico que deje atrás los vestigios de la alianza con la Iglesia de la dictadura franquista.

En cambio, para la vicepresidenta, el proyecto "refuerza los conocimientos instrumentales, flexibiliza las trayectorias, desarrolla sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía de los centros educativos". También la "cultura del esfuerzo" y la "modernización de la formación profesional".

Esta es la séptima reforma educativa en los últimos 37 años de democracia en ese país y el gobierno conservador pretende que se aplique a partir del año próximo. No obstante, tras el paro y movilización del pasado 9 de mayo en todos los niveles de enseñanza pública, el sector educativo anunció que llevará a cabo nuevas protestas.

"Nunca un ministro concitó tanto rechazo, no puede ser que todo el mundo esté equivocado", aseguró el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien calificó la nueva reforma como el "mayor ataque a la educación pública".