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El escrito fue presentado por Claudia Fernández Chaparro, quien sostuvo que desde el descubrimiento del cuerpo de Angeles "en todos los medios de comunicación masiva y en las redes sociales se han difundido sin ningún cuidado información, fotos y documentación de la investigación penal, datos de su vida sexual, imágenes que ponían el acento en su orientación sexual".

Chaparro Fernández advirtió que también se tomaron y difundieron "declaraciones de los compañeros de colegio sin preservar su identidad, videos de Angeles Rawson, múltiples manifestaciones con detalles sobre la vida privada o sobre las circunstancias que rodearon su muerte".

Entre los argumentos esgrimidos por la autora del reclamo se cita el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional, que incorpora la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Esa normativa establece "la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de los niños".

Asimismo, se destaca que la ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 70 establece que se "deberá evitar contenidos que promuevan o inciten o menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes".

La iniciativa -señala el escrito- "tiene el claro objetivo de resguardar la intimidad de los niños evitando la injerencia arbitraria e ilegal en la misma, tanto por las autoridades como por los individuos, ya que no respetar la esfera privada del individuo implica ocasionar daños en el entorno familiar y comunitario".