Viernes, 28 de junio de 2013 | Hoy
22:14 › BRASIL
Luego de una semana de reuniones con gobernadores, partidos políticos, sindicatos, presidentes de ambas cámaras del Parlamento e integrantes de la Corte Suprema para impulsar un plebiscito que lleve a una reforma política, la presidenta Dilma Rouseff cerró su agenda en un encuentro con jóvenes a los que prometió una plataforma virtual para comunicarse con el gobierno. Dilma enviaría una propuesta de reforma política el próximo martes al Congreso, pero suspendió hoy una reunión con los referentes de la oposición que se oponen al plebiscito.
Mientras tanto, varias carreteras fueron bloqueadas hoy por protestas cerca de Belo Horizonte, donde 50 mil personas se manifestaron ante el estadio en el que se disputaba uno de las semifinales de la Copa Confederaciones. Tras los anuncios del gobierno y el Congreso, las protestas fueron menos intensas esta semana, pero continuaron en torno al torneo de la FIFA. Además, hay una convocatoria para una gran marcha hacia el estadio Maracaná durante la final Brasil-España el domingo.
Rousseff anunció la convocatoria del plebiscito junto a otras medidas para educación, salud y transporte, a fin de contener las gigantescas protestas callejeras en todo el país en reclamo de mejores servicios públicos y contra los millonarios gastos en los estadios del Mundial 2014 y la Copa Confederaciones.
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva elogió el plan de convocar a un plebiscito que "tiene el mérito de romper el impasse en esta cuestión decisiva" que llevaba años pendiente de aprobación.
Sin embargo, la presidenta dejó pendiente una reunión con los líderes de oposición, que se oponen a un plebiscito y consideran que la reforma política debe ser enteramente decidida por el Congreso y luego sometida a un referéndum, para que la población la acepte o la rechace.
El Congreso consiguió impedir la convocatoria de una Asamblea Constituyente, inicialmente pretendida por Rousseff, y no quiere perder el poder de definir la reforma, ni su protagonismo ante una opinión pública que lo considera como una de las instituciones menos confiables, y denuncia en las calles a los políticos y la corrupción.
La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron en la semana un insólito paquete de medidas en respuesta a las protestas, como destinar la entrega de las regalías del petróleo a educación y salud, incentivos para reducir el precio del transporte y el aumento de penas por corrupción.
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