Alak brindó una conferencia de prensa junto a su par de Defensa, Agustín Rossi, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. Según relató Rossi, se tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada en el Ministerio de Defensa a partir de que Olivera representó como abogado a varios militares por demandas salariales. Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos.

El ministro de Defensa explicó que en el marco de la revisión de uno de esos juicios fue que su cartera descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo de esos fondos.

"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó Rossi en referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna. Pero este fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa.

Dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al represor prófugo, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar estos fondos basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de "financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella. Ayer, la UIF ya había dispuesto el "congelamiento administrativo" de los bienes de ambos prófugos.

El objetivo es, según señaló Sbatella, "paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos". Incluso, a pedido del Poder Ejecutivo la Afip suspendió los CUIL y CUIT de ambos prófugos.

Por su parte, Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la denuncia ante la Justicia para que se investigue el contexto de la fuga. Se busca "determinar las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos", precisó el ministro.

Olivera y De Marchi, condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, escaparon el jueves pasado del Hospital Militar porteño, adonde habían sido trasladados, previa autorización del Juzgado Federal 2 de la provincia cuyana, debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico dermatológico en un caso y psiquiátrico en el otro.