Sabbatella remarcó la "gravedad institucional" que implica que una "ley de la democracia, votada por la mayoría del Parlamento, lleve cuatro años frenada" por un grupo económico que "no quiere renunciar a sus privilegios". "Espero que la audiencia pública sea el paso previo a la resolución definitiva de esta situación y que la ley pueda aplicarse en forma integral", señaló.

La ley 26.522 fue aprobada el 10 de octubre de 2009 en el Senado de la Nación, con 44 votos a favor y 24 en contra, en reemplazo del decreto-ley 22.285 sancionado durante la última dictadura militar. Sin embargo, la nueva norma no puede aplicarse plenamente debido a que el grupo Clarín cuestionó ante la Justicia la constitucionalidad de dos artículos. Una medida cautelar otorgada al multimedios dejó en suspenso la aplicación de los artículos 45 y 161 de la norma, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación.

"A partir de ese momento, hubo cinco opiniones de la Justicia, cuatro de ellas fueron a favor de la constitucionalidad de los artículos (fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de la cámara y Procuración General de Justicia de la Nación) y una sola plantea la inconstitucionalidad (la Cámara)", sintetizó Sabbatella.

Ahora será la Corte Suprema la que defina si mantiene el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que declaró la inconstitucionalidad del núcleo antimonopólico de la ley (parte de los artículos 45 y 48) y confirmó la validez de los artículos 41 y 161. "La Corte entendió que necesitaba esta audiencia pública, y nosotros colaboramos en acercarles los elementos necesarios", consignó el titular de la Afsca sobre la convocatoria hecha por el Máximo Tribunal.

El próximo miércoles 28 de agosto a las 10, representantes del Estado nacional y del Grupo Clarín se darán cita en el cuarto piso del Palacio de Tribunales convocados por la Corte Suprema de Justicia, para presentar sus argumentos respecto a la constitucionalidad de la Ley de Medios que defiende el Poder Ejecutivo, y la inconstitucionalidad que plantea el grupo mediático. Esta audiencia será de carácter informativo y contará con la participación de diez organizaciones intermedias bajo la modalidad de amicus curiae (amigo de la corte), que son terceros que sin tener parte directa en el litigio argumentan a favor o en contra de los artículos cuestionados, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

Habrá cinco organizaciones de cada lado (a favor y en contra), que dispondrán cada una de 15 minutos para exponer sobre aspectos específicos de los puntos de la norma que siguen bajo controversia: el límite a la cantidad de licencias, la utilización del espectro radioeléctrico, la posición dominante en el mercado de la TV por suscripción y la cláusula de desinversión que permanece todavía frenada judicialmente por el Grupo Clarín. La audiencia estará presidida por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, e integrada por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.