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La Corte debe resolver si se pronuncia sobre un fallo adverso a la Argentina, que le obligaría a pagar 1470 millones de dólares a capitales especulativos que compraron la deuda ya en default. Se trata de los fondos NML Capital y Aurelius, que rechazaron las reestructuraciones de 2005 y 2010. En total el 93 por ciento de los tenedores de deuda se plegó al canje por bonos con quitas de 67 por ciento del capital.

El fallo en Nueva York es visto como un mal antecedente para los procesos de reestructuración de deudas soberanas por analistas de mercado y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

Según explicó la agencia Bloomberg, los jueces supremos analizarán si toman el caso de la apelación argentina en la audiencia especial que llevará a cabo el 30 de septiembre. El 7 de octubre los nueve integrantes del tribunal suelen dar a conocer los nuevos casos a los que se abocarán en el año judicial.

Una de las posibilidades que implica la inclusión de este tema entre las cuestiones por analizar es la de que el Corte defina de manera inminente si toma en sus manos esta apelación, que fue la primera que realizó el gobierno argentino, con anterioridad al pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Nueva York. La inclusión del expediente es un paso administrativo y no indica de manera particular que el tribunal conceda opinión.

El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, aclaró que la decisión de la Corte estadounidense "está en línea con los tiempos que preveíamos por las diversas etapas procesales y consecuentemente con la vigencia de esta medida cautelar (Stay)", que impide el embargo de fondos destinados al pago de los bonos de los canjes. En este sentido, la Corte puso en la agenda uno de los aspectos del litigio entre Argentina y los Fondos Buitre, reflejado en el fallo del 26 de octubre del 2012 que sostiene que el Gobierno violó la cláusula de tratamiento igualitario (pari-passu) entre los tenedores de bonos que aceptaron el canje de deuda, y los que no lo hicieron.

De manera paralela, el Gobierno continúa agotando todas las instancias judiciales del juicio y se encuentra en trámite de apelación ante la misma Cámara de Apelaciones por un fallo posterior del 23 de agosto último, que se expresó sobre el método de pago a los demandantes, y condenó al país a pagarle 100 por ciento a los fondos buitre y un grupo de bonistas minoritarios, también según la fórmula del juez Thomas Griesa.