Los campesinos de la comunidad del departamento Figueroa, que ocupan un predio de 700 hectáreas en el noroeste santiagueño, responsabilizaron por los hechos denunciados a "un supuesto empresario llamado Hugo Macela". Además, el Mocase denunció la inacción de la Dirección de Bosques provincial y de la policía local a pesar de la existencia de denuncias previas, de los propios campesinos y de Greenpeace.

Los otros intentos de usurpación se concretaron "en un lote de unas 40 hectáreas que pertenece ancestralmente a Juan Carlos Carrizo y su familia" en Las Talitas, departamento Guasayan, en el oeste de la provincia, y en Pozo Largo, utilizado por más de 300 familias de la comunidad de Ahíveremos para el pastoreo, la caza y la extracción de leña, enfrentados a una empresa sojera.

En la localidad de Ahíveremos, los campesinos expresaron su preocupación por la actividad de una "banda armada" que actúa en los desalojos, "alambra y luego vende los campos al mejor postor".

El Mocase verificó, por último, un conflicto que afecta a la comunidad indígena Tonocotés en San Felipe, departamento Figueroa, desde el pasado 4 de junio, "cuando ingresaron al territorio unos desconocidos que transportaban dos casillas y una topadora", y responsabilizó por los hechos a la empresa santiagueña Mijovi S.A.