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La UIF consideró que los robos a los bienes de los secuestrados durante la última dictadura cívico-militar pueden ser calificados como "lavado de activos" debido a que con esos delitos se le habrían dado "apariencia legítima" a la posesión de bienes producto de la comisión de delitos de lesa humanidad. De hecho, el organismo presentó un informe que corrobora que parte de los inmuebles apropiados continúan en manos de familiares de los imputados en la causa.

Con esos -y otros- datos, el organismo que encabeza José Sbatella solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 12 ser tenida por parte querellante en la causa 1376/04 "N. N. y Acosta Jorge Eduardo s/apropiación de bienes". En la causa están procesados los integrantes de Grupo de Tareas 3.3.2 que funcionó en la ex Escuela Mecánica de la Armada, principalmente Acosta, Cavallo y Jorge Carlos Radice.

Estos represores, según la UIF, habrían implementado un plan sistemático para apropiarse los bienes muebles e inmuebles de los secuestrados. El informe determinó, además, que en el sótano de ese centro funcionaba una imprenta donde se confeccionaba todo tipo de documentación apócrifa necesaria para efectuar las transferencias de dominio de los bienes que luego resultarían apropiados.

La hermana y la pareja de Radice -siempre según la documentación presentada- habrían actuado como testaferros y cómplices en el lavado de los bienes apropiados. Además, se detectó un entramado de nueve sociedades radicadas en Argentina, integrada por los imputados y sus familiares directos, que se sustentan mediante aportes de capitales o préstamos de empresas radicadas en el extranjero, algunas de las cuales son representadas por ellos mismos, reveló la UIF.

Acosta y Radice se encuentran procesados con prisión preventiva por los delitos de robo, extorsión y falsificación ideológica de documento público en concurso con el de asociación ilícita.