Viernes, 24 de octubre de 2014 | Hoy
00:01 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
El TOF Nº1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 20 procesados por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la localidad platense de Olmos. Los jueces señalaron a todos los acusados como cómplices del "genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico-militar" y ordenaron que el Destacamento 101 de inteligencia y el lugar donde funcionó La Cacha se conviertan en sitios de memoria. Entre los condenados a perpetua están el excomisario Miguel Etchecolatz y el exministro del gobierno bonaerense Jaime Smart.
El juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, fue el encargado de leer el fallo alcanzado junto a sus pares Pablo Vega y Pablo Jantus. Los magistrados dictaron 15 perpetuas por los crímenes cometidos entre 1977 y 1978 en el centro de detención La Cacha, donde estuvo detenida y fue asesinada Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados fueron condenados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos "en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar", según consta en el fallo.
Las perpetuas recayeron sobre el exministro del gobierno bonaerense Jaime Smart; el excomisario Miguel Etchecolatz; los policías bonaerenses Julio César Garrachico y Horacio Luján; los exmiembros del Servicio Penitenciario Héctor “Oso” Acuña y Isaac Miranda; los exmilitares Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón, Anselmo Palavezzati.
Los civiles Rufino Batalla, Ricardo Espinoza y Claudio Grande, que formaron parte del Destacamento de Inteligencia 101, que dependía del Regimiento 7 de La Plata, recibieron la pena de 13 años de prisión. El marino Juan Carlos Hazerberg fue condenado a 12 años de prisión y la única absolución la recibió el exmilitar Luis Perea.
El tribunal, que fijó para el 19 de diciembre lectura de los fundamentos del fallo, ordenó también la baja por exoneración para los condenados y que se suspenda el goce de cualquier jubilación o beneficio que pudieran estar percibiendo.
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