El paso se da después de que el Consejo de Estado -órgano de obligada consulta aunque su dictamen no es vinculante- considerase que la nueva consulta tiene incluso más vicios de inconstitucionalidad que el referéndum que ya fue suspendido. Carece de "base legal y de las garantías democráticas más básicas", dijo hoy la vicepresidenta del gobierno.

Se trata de una consulta sin carácter oficial, que por ello carece de censo previo -quienes quieran votar tendrán que registrarse-, con la que el jefe del gobierno catalán, Artur Mas, pretende medir el sentimiento independentista en la región de 7,5 millones de personas. Mas mantuvo la fecha y las preguntas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.