La causa se inició por una denuncia realizada por la exUnidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas -actualmente, Procuraduría para el combate de la Trata y la Explotación de Personas (PROTEX)- en virtud de la existencia de sesenta locales donde se ejercía la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual en el centro porteño.

En el expediente se estudia, además, la connivencia de funcionarios de la Ciudad y de la policía que estarían vinculados a Raúl Martins, agente de la exSIDE y acusado en varias causas por delitos de estafa, robo con armas, trata de personas y promoción de la prostitución, entre otras actividades ilícitas.

A pesar del peso de las acusaciones, la jueza María Servini de Cubría archivó la causa argumentando que la denuncia de Lorena Martins tenía que ver sobre "presiones sobre su padre".

Ahora, los doctores Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, sostuvieron que la declaración de nulidad respecto a la denuncia sólo alcanza al padre de Lorena Martins y no al resto de los integrantes de la presunta banda criminal, instando al avance de la investigación. Sin embargo los jueces manifestaron que los hechos endilgados a funcionarios de la ciudad y la policía deben ser analizados y juzgados en el fuero de instrucción.