Hoy comienza en Lomas de Zamora el juicio por la muerte de Fátima Catán, la joven de 24 años que fue internada con el 85 por ciento del cuerpo quemado, luego de haber mantenido una discusión con su novio, Martín Santillán, de 34, quien llega como acusado. Desde el 18 de agosto de 2010, y durante tres días, la joven agonizó, hasta morir. El caso de Fátima es un buen ejemplo de los dobleces en la mirada de buena parte de la corporación judicial y los mecanismos policiales que le atañen cuando se trata de violencia de género. Cuando trascendió la noticia sobre la internación de la joven se consultó a un oficial de la comisaría 5ª de Villa Fiorito, con jurisdicción en la zona, si el novio había sido imputado y el bonaerense echó mano a un correcto pero sorprendente garantismo: “Es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. El primer fiscal del caso, Ramiro Varangot, mantuvo la misma línea durante un año, hasta que el juez de Garantías Gabriel Vitale, basado en pruebas, peritajes y testigos que el fiscal desechaba, ordenó la imputación al novio y un año más tarde su detención, calificando el delito por el que se investigaba a Santillán como “homicidio en contexto de violencia familiar”, sin por ello conmover las garantías de nadie. De hecho, como ejercicio de derechos, hoy comienza el juicio en el que se debatirá sobre culpabilidad o inocencia.

El caso se debatirá en el edificio de los Tribunales de Lomas de Zamora, situado en Camino Negro y Larroque, localidad de Banfield, y estará a cargo del TOC 4, integrado por Eduardo Banchieri, Marcos Martínez y Darío Segundo, a partir de las 9. La acusación estará a cargo de la fiscal Viviana Simone, mientras que la familia de la víctima estará representada por el abogado Gabriel Juricich.

“Para nosotros está clarísimo cómo fue todo y las pericias lo avalan. Hay que ver cómo se desarrolla el debate”, dijo Juricich, quien explicó que Elsa Gérez, la madre de Fátima y que impulsó la causa, “no podrá declarar”. El año pasado, Gérez sufrió un ACV que le impide hablar, pero su esposo y un hermano de Fátima serán algunos de los testigos que declararán acerca de la mala relación que había en la pareja y de los moretones que ella alegaba como caídas o golpes caseros. También están citados médicos, policías y amigos de la víctima y el acusado.

Igual que en la muerte de Wanda Taddei (ver aparte), la muerte de Fátima sobrevino luego de una discusión en la pareja, en la que la peor parte la llevó la mujer. También como en el caso Taddei, la versión del imputado es que la joven estaba limpiando un CD con alcohol, con la discusión se roció involuntariamente con el líquido, y al encender un cigarrillo se de-sató el fuego. Santillán asegura que se arrojó sobre el cuerpo de Fátima, que estaba en musculosa y ropa interior, con intenciones de apagar las llamas y que en esas circunstancias sufrió quemaduras en el antebrazo.

Los peritos de la Federal que intervinieron en la instrucción de la causa descartaron esa versión por el lugar de las quemaduras de la joven y sostuvieron que el imputado sólo se quemó en ambos dedos pulgares y en la pierna izquierda.

“Resultaría poco probable que la víctima, luego de rociarse con alcohol la zona del pecho, pueda iniciar un proceso combustivo sobre ella”, señaló el informe. Las quemaduras más profundas se encontraban en la zona torácica y la zona posterior de las manos, mientras que en las palmas y la cara presentaba quemaduras intermedias y superficial, respectivamente.

Además, los investigadores creen que el lugar donde se registró el hecho fue alterado y que el imputado o sus familiares se llevaron una cámara de seguridad que funcionaba en la casa de la pareja.

Durante más de un año, el fiscal Ramiro Varangot sostuvo el caso como “averiguación de causales de muerte”, aunque los testimonios y peritajes ya existían. Hasta que en diciembre de 2011, ante el pedido de la familia de la víctima, rechazado por Varangot, el juez Vitale ordenó la imputación a Santillán. Varangot entonces apeló la medida, con el apoyo de buena parte de la corporación fiscal. Entre diciembre y marzo, cuando la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la decisión de Vitale, el juez debió soportar la embestida desde la fiscalía general de la jurisdicción, y hasta una asamblea de fiscales del distrito, en la que se alegó el “gravamen institucional”, la necesidad de mantener la carátula de “averiguación de causales de muerte”, y mantener a Santillán como testigo del caso.

Vitale aplicó la idea novedosa de “homicidio en contexto de violencia familiar” porque entendió que no se trataba de un caso más, y sostuvo su criterio basado en que en la provincia el particular damnificado (familiar de la víctima) puede actuar autónomo del fiscal cuando éste no acusa, presentar pruebas, pedir la elevación a juicio y hasta acusar durante el debate oral sin necesidad de que el fiscal actúe. Estaba claro por dónde pasaba la idea de “gravamen institucional”.

La detención de Santillán se concretó el 29 de agosto de 2012, a dos años del crimen. El imputado estuvo en prisión hasta julio de 2014, cuando la sala 2 de la Cámara le otorgó la prisión domiciliaria porque “corría peligro en la cárcel” luego de aportar datos que evitaron una fuga en la alcaidía de Lomas de Zamora.