La denuncia contra Gonella la había radicado Bonadio a partir de una presentación realizada por el propio titular de la Procelac. Lo resuelto por el juez Ramos está en línea con lo solicitado el 20 de diciembre pasado por el fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1.

Di Lello había dictaminado que el titular de la Procelac no actuó "incumpliendo el mandato de las normas procesales, en especial aquellas que lo obligan a dar impulso de la acción penal (…) si tenemos en cuenta que inmediatamente después de recibir la primera de las presentaciones de la denunciante, dispuso dar intervención de los hechos a distintas áreas".

Para impulsar la causa, Bonadío había considerado que Gonella demoró en poner en conocimiento de la Justicia una investigación por lavado de activos proveniente de la trata de personas. Sin embargo, esa causa se inició en la Procelac a partir de la presentación de una ciudadana a quien –por la vaguedad de sus dichos– el fiscal decidió tomarle testimonio de manera segmentada, a fin de extraer alguna hipótesis delictiva para evaluar la presentación de una denuncia, que finalmente tramitó ante la Justicia federal porteña.

En su fallo, Ramos entendió que el criterio adoptado por Di Lello "reflejaba la conclusión de un razonamiento válido" y agregó "que la concluyente decisión adoptada por ese funcionario, independientemente del parecer del suscripto, impide proseguir con el trámite de las presentes actuaciones sin incurrir en una manifiesta vulneración de aquellos altos preceptos constitucionales (…) sólo en el Ministerio Público Fiscal reside la competencia de cargar en todas las etapas del proceso con la responsabilidad de presentar el caso ante las distintas instancias judiciales".