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"Tenemos que entender que si hay una condena al teniente Torales, seguirá una nueva causa para investigar a los otros autores del hecho y por qué no llegar al comisario que era el responsable del destacamento, quien no está acusado. Esa sería la responsabilidad material, pero también queremos condenas políticas y judiciales", sostuvo Orieta en la puerta de los tribunales de La Matanza.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 inició el juicio contra Torales por la detención irregular y las torturas recibidas por el adolescente en septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. "Estuvimos en el destacamento con mi mamá, escuchábamos los gritos de Luciano pidiéndonos que lo sacáramos del lugar. La situación fue violenta y sentíamos el verdugueo de los policías hacia nosotras", relató Orieta.

"Esa noche, Luciano me mostró los golpes y fuimos hasta al policlínico de San Justo para que lo revisarán. Allí quedó constancia de los golpes que recibió", agregó la hermana del muchacho encontrado como NN en el cementerio de la Chacarita en octubre del año pasado.

Vanesa resaltó que "aunque haya un solo policía sentando en el banquillo, este juicio tiene relación con la desaparición de Luciano porque desde ese detención no podía caminar por el barrio. Él había rechazado robar para la Policía". La joven lamentó que "no había posibilidad de denunciar ante la Justicia lo que le ocurría a Luciano, porque seguro que te armaban otra causa. Si denuncias te arman causas y si no lo hacés, pasa lo que ocurrió con Luciano" el 31 de enero de 2009.

Además de criticar "la complicidad judicial", Orieta apuntó contra el gobernador Daniel Scioli y los ministros bonaerenses de Justicia, Ricardo Casal, y Seguridad, Alejandro Granados, porque "nunca se han hecho responsables de esta causa". La hermana de Luciano señaló que los casos de violencia institucional "tienen que ver con los pedidos de más seguridad, por los que se inauguran más destacamentos, que no son controlados", mientras que "los policías salen de las escuelas con una idea criminalizante de los jóvenes".

"La problemática de la violencia institucional no se discute, no está en agenda. Se habla de inseguridad, pero los pibes de los barrios sufren a una policía corrupta, que maneja los grandes negocios de la droga y la trata de personas", sentenció Orieta.