El acuerdo también establecía que el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, y el entonces fiscal del caso, Alberto Nisman, podrían interrogar en Teherán a los sospechosos iraníes acusados de haber participado en el atentado, algunos de los cuales tienen órdenes de captura internacional de Interpol. El memorándum debía entrar en vigencia si era aprobado por los Parlamentos de ambos países, instancia que la Argentina en febrero de 2013, pero no Irán, cuyo presidente de entonces, Mahmud Ahmadinejad, firmó el documento pero no lo envió al Congreso de su país.