Miércoles, 8 de julio de 2015 | Hoy
18:08 › CóRDOBA
El Concejo Deliberante de la localidad cordobesa, donde un relevamiento científico demostró que la población padece el triple de casos de cáncer y abortos espontáneos que la media nacional por el uso de agrotóxicos, aprobó por unanimidad los primeros seis puntos de una ordenanza que establece límites para la fumigación y erradica los depósitos agrotóxicos del entramado urbano.
"Aunque no se terminó de sancionar, lo que pasó anoche fue un paso fundamental porque logramos votar estos seis puntos por unanimidad. Esto demuestra que se ha generado una conciencia en todo el pueblo y que hay una unidad de todos los sectores por mejorar la vida en Monte Maíz", expresó, en diálogo con Télam, el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Silva.
Silva detalló que entre los puntos aprobados estuvo el que generaba más debate, que era el que fijaba los metros para la zona de resguardo, es decir, el límite a partir del cual se puede fumigar. A partir de ahora, a los 500 metros de la última casa se podrá fumigar con agroquímicos clase tres y cuatro, de menor toxicidad, y se deberá crear una barrera forestal. Mientras que los agroquímicos más tóxicos podrán ser utilizados a partir de los mil metros de la última vivienda. Por último, los "mosquitos" --aviones para fumigar-- sólo podrán emplearse a más de 2 mil metros de distancia.
Monte Maíz es una localidad de 8 mil habitantes ubicada en el sureste de la provincia de Córdoba, en el Departamento Unión. En 2005, el entonces director del Hospital local, Hugo Betiol, denunció la emergencia de un elevado número de enfermos de cáncer, lupus y niños con malformaciones, situación que dio nacimiento a una organización de vecinos denominada Red de Prevención Ambiental y por la Salud de Monte Maíz.
Dos años después, la Red junto a maestras del pueblo llevaron adelante un censo de salud en todas las viviendas, pero sus resultados nunca fueron entregados a la población.
En 2014, apoyados por el intendente Luis Trotte, los vecinos convocaron a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y, finalmente, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Córdoba y de La Plata realizó un campamento sanitario en octubre que durante cinco días relevó, entre otras cosas, la historia clínica de al menos 594 personas, además de tomar muestras de suelo y agua.
Entre los datos más significativos arrojados por el relevamiento figuró que mientras que la expectativa de nuevos casos de cáncer para un pueblo como ese era de 11 por año, Monte Maíz había registrado en lo que iba de 2014 un total de 35 casos.
A su vez, tenía un porcentaje de abortos espontáneos de 9,98 por cada 1000 --cuando la media nacional es de tres por ciento-- y el 50 por ciento de los niños de entre 6 y 7 años tenían problemas respiratorios, cuando la media a esa edad es del 10 por ciento.
"La sanción de esta ordenanza es importantísima para los vecinos. Hace meses que venimos trabajando en ella y años que luchamos por esta problemática. Le hemos dedicado miles de horas, de esfuerzo, y significa poder vivir en un pueblo más sano", expresó por su parte Verónica Llopis, miembro de la Red.
"Por supuesto que una vez sancionada habrá que trabajar mucho más para controlar, la sanción no es el fin sino el principio, pero será una herramienta muy valiosa para que podamos luchar", consideró LLopis.
Por su parte, Medardo Ávila Vázquez, el médico de la Universidad de Córdoba que dirigió el relevamiento, afirmó que "esta ordenanza es una victoria de los derechos humanos, de la vida y la salud sobre el agronegocio".
"Todos los investigadores nos sentimos profundamente satisfechos, nosotros hicimos un diagnóstico y dimos una recomendación. El pueblo creyó en nosotros y también en los vecinos que venían luchando porque esto cambiara", sostuvo el médico pediatra que recibió más de una amenaza y acoso laboral tras esta investigación.
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