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El tribunal, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud, desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los uniformados.

El oficial Carlos Zaragoza y los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión efectiva y a nueve años de inhabilitación de cualquier cargo en la función pública, el primero por su jerarquía y los otros dos como cabecillas del autoacuartelamiento.

Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez recibieron 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años. Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Ricardo Paredes, Fabián Valdéz y Luis Paredes, el tribunal fueron condenados a 3 años y seis meses de reclusión, más una inhabilitación de 7 años.

Durante el debate, el fiscal del caso, Mario Guerrero, había sostenido que los acusados "tomaron la Jefatura de Policía (de Concordia) en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando al saqueo en la ciudad", y recordó que el grupo de policías enjuiciados irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad. Y agregó que a ello se debe sumar la toma de la sede del Comando Radioeléctrico y la interrupción de las líneas telefónicas.

Guerrero denunció que durante la sublevación hubo "una distribución de tareas" y que la toma de la Jefatura "estuvo organizada y planificada". También recalcó que "los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir", lo que explica porqué no se actuó cuando se alertó sobre el inicio de los saqueos en la zona noroeste de la ciudad.

Por último, el fiscal advirtió que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad y que los incidentes tuvieron el propósito de "arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo".

El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados un aumento -que luego canceló- bajo "una situación extorsiva" y para "evitar un baño de sangre", debido al cariz que habían tomado los acontecimientos.

A su vez, la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y llevaron adelante “un hecho institucionalmente grave”.

En la misma causa, la justicia entrerriana ya había condenado a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en el primer fallo que involucró a civiles.