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La decisión fue de la sala I del tribunal de Apelaciones que hizo lugar a un planteo de nulidad del defensor de Moreno, Alejandro Rua, con lo cual fueron declaradas nulas todas las medidas tomadas desde el inicio del caso tomadas por Bonadío, incluidos allanamientos y citaciones a declaración indagatoria de los imputados.

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero entendieron que cuando estuvo al frente del caso hasta ser apartado, Bonadio impulsó la investigación pese a que la fiscalía había desestimado la denuncia por inexistencia de delito, sin justificar debidamente esa decisión, según Télam.

La misma sala apartó ya a Bonadio del caso y ahora el nuevo juez a cargo, Luis Rodríguez, deberá dictar una nueva resolución referida a si impulsa la pesquisa o da por válido el dictamen del fiscal federal Federico Delgado que la desestimó.

"Nos encontramos ante un acto procesal que, por su arbitrariedad, sólo puede ser subsanado con su nulidad, remedio que deberá extenderse a todo lo actuado en consecuencia, debiendo el Magistrado de grado dictar un nuevo pronunciamiento", decidió la Cámara en el fallo.

En su voto, el camarista Farah resaltó que "la instrucción del sumario para dar inicio a la investigación exigía un pronunciamiento expreso de dicho juez que dirima la controversia planteada frente al pedido desestimatorio por inexistencia de delito efectuado por el fiscal Delgado y la requisitoria de investigación formulada por los querellantes en representación del Grupo Clarín SA".

"Se declaró la nulidad del decreto que ordenó continuar la investigación pese a la falta de impulso fiscal con la explicación de que habiendo un querellante la causa podía investigarse igual", explicó Rua a Télam.

La Cámara "anuló todo lo actuado por Bonadio, un juez cuyo alineamiento con las peticiones del Grupo Clarín coincidió con el momento en que comenzó a salir en los medios de ese grupo, sin atender los requerimientos desestimatorios del fiscal", opinó el abogado Rua.

Delgado había desestimado la denuncia por inexistencia de delito, postura que fue mantenida luego por sus pares del Ministerio Público Fiscal en las distintas instancias de apelación que tuvo la causa.

Pese a eso Bonadio abrió la pesquisa basado en la existencia del Grupo Clarín como querellante, algo que sólo puede avalarse en caso de existir "un análisis previo por parte del magistrado de grado que explique las razones por las que ignoró la posición del Ministerio Público Fiscal", consideró la Cámara en su resolución.

Mientras la Cámara emitía su fallo crítico sobre la investigación de la causa contra Moreno, Bonadio decidió citar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete nacional y candidato a gobernador bonaerense oficialista y al ministro de Salud por una supuesta irregularidad en la licitación del "Plan Qunita". La citación también alcanzó al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y al extitular de esa cartera y electo gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

El juez federal --que también fue separado de la causa "Hotesur", empresa hotelera de la familia de la presidenta Cristina Kirchner-- abrió la causa a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien se presentó por presuntas irregularidades en el proceso de licitación del programa destinado las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo.

Las indagatorias se completan con funcionarios de segunda línea del Ministerio de Salud y empresarios beneficiados con la licitación, cuyas declaraciones comenzarán la semana próxima y se extenderán hasta mediados de noviembre.

Fernández será uno de los últimos en declarar, justamente a mediados del mes entrante, o sea después de las elecciones nacionales del 25 de octubre, en las cuales competirá por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en nombre del oficialista Frente para la Victoria (FpV).

La Presidenta presentó a mediados de julio en Tecnópolis el "Plan Qunita", que consiste en la entrega un kit maternal a mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). En total fueron cerca de 150 mil kits que costaron 1.100 millones de pesos.