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El juez chileno Hernán Crisosto, dedicado a casos de violaciones a los derechos humanos, dispuso penas de 13 años para los ex agentes César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann y para los brigadieres Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, todos ellos actualmente recluidos en el penal Punta Peuco, donde cumplen condenas por más de 200 años, sentenciadas por juicios a violaciones de derechos humanos.

En tanto, otros 35 antiguos agentes fueron sentenciados a 10 años de prisión, también en calidad de autores, mientras que otros 24 más deberán cumplir una pena de 4 años por su condición de cómplices y sólo uno fue sentenciado a 564 días de prisión. El juez ademas absolvió a 11 procesados por falta de participación.

La sentencia se dictó por el delito de secuestro calificado (desaparición) de Cid Urrutia, de 24 años, militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), detenido junto a su esposa, María Isabel Ortega, y a Hernán Carrasco Vásquez, el 8 de diciembre de 1974, en su domicilio del municipio santiaguino de Renca.

Los tres fueron llevados a centro de torturas y exterminio de Villa Grimaldi, donde según testimonios de supervivientes, Cid permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, y donde era continuamente sometido a torturas, hasta que a finales de diciembre nadie lo volvió a ver ni a saber de él.

En julio de 1975 apareció un listado de 119 chilenos fallecidos supuestamente en el extranjero, en luchas internas del MIR, pero en realidad se trataba de detenidos desaparecidos en Chile, víctimas de la llamada Operación Colombo, un montaje de la DINA para encubrir sus desapariciones.