Se trata de una medida que había adoptado el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, tras la fuga de dos represores del Hospital Militar Central Cosme Argerich, de Palermo.

Hoy, mediante la resolución 65/2016, el actual titular de la cartera, Julio Martínez, ordenó derogar la resolución 85 con fecha 26 de julio de 2013. Para decidir volver a permitir que los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad vuelvan a atenderse en hospitales de las fuerzas armadas.

El Gobierno se basó en un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación titulada "La situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales argentinas", donde se advierten varias falencias, además de falta de falta de equipamiento y personal especializado para atender las urgencias médicas de los reclusos.