El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediack, y el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, quienes habían declarado la semana pasada, públicamente, que en las concesiones de obras públicas durante el gobierno de Cristina Kirchner habría habido corrupción y adelanto de pagos a las empresas de Lázaro Báez, y que la expresidenta estaba al tanto de las decisiones, negaron tener pruebas de sus propias acusaciones ante el fiscal federal Federico Delgado, que tiene a su cargo la investigación por enriquecimiento ilícito del detenido exsecretario de Obras Públicas, José López.

Fuentes judiciales confiaron que el representante del Ministerio Público les preguntó a los dos testigos si sabían que hubiera habido coimas mientras López se desempeñó como secretario de Obras Públicas, entre 2003 y 2015, y ambos contestaron lo mismo: "No me consta". "Lo que he dicho en las declaraciones radiales es que queda en claro que a las empresas del grupo Austral o de (Lázaro) Báez se les pagaba en forma distinta que al resto de los contratistas, en términos más cortos y aparentemente con anticipos", aseguró Chediack, quien aclaró que "sin perjuicio de ello, no soy yo ni la Cámara Argentina de la Construcción la que tiene esa información".

Méndez, a su turno, le respondió al fiscal que a las adjudicaciones de obras públicas "se les decía 'Movicom' (...) por el 15 por ciento de comisiones que aparentemente cobraban los funcionarios públicos para que los empresarios pudieran adjudicarse las obras", en referencia al prefijo que antecedía al número de teléfono de cada usuario de aquella compañía.

Méndez, por su parte, advirtió que había hecho "un comentario general" acerca de "un tema que era de dominio público", y subrayó que no había participado de "ningún negocio con el Estado". En cuanto a su afirmación original acerca de que "yo también he sido cómplice de muchas cosas", Méndez indicó que se refería "al destrato de los funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner" que tuvo que "soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados." "El pacto de silencio era tácito porque nadie investigaba ni preguntaba cómo era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos. Cada compañía maneja su silencio con el Estado", concluyó.