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El Tribunal Fiscal de la Nación, donde cientos de empresas y personas discuten el pago de impuestos comunes y aduaneros, está casi paralizado desde principio de mes, con más de la mitad de sus empleados en huelga, en reclamo de un suplemento salarial que les reconozca sus tareas especializadas. En un afiche que difundieron como parte de su protesta muestran la gigantesca brecha salarial que separa al personal que atiende al público y escribe las sentencias de los jueces que luego las firman. Un auxiliar gana 11.730 pesos, un relator 17.107 pesos, un secretario letrado 24.523. Pero la gran sorpresa es el presidente del tribunal, Juan Carlos Vicchi, quien percibe 400 mil pesos por mes, más que los jueces de la Corte Suprema, cuyos sueldos oscilan entre 210 mil y 250 mil. Como el común de los jueces, los del tribunal fiscal no pagan Impuesto a las Ganancias, a diferencia del resto de su personal que sí tributa porque, aunque trabaje en un ámbito judicial, pertenece al sistema nacional de empleo público.

A pesar de no ser de los tribunales más conocidos, su importancia es inmensa: es donde se apelan las multas y tributos que reclaman cobrar la AFIP o la Aduana. Es donde suelen aparecer los primeros indicios de grandes casos de evasión. Las instancias siguientes son los tribunales del fuero contencioso administrativo y la Corte Suprema. Recauda alrededor de 35 mil millones de pesos litigiosos por año.

En el contexto del tarifazo y la escalada de inflación, mientras sus empleados estaban en pleno reclamo por sus sueldos, los jueces del Tribunal Fiscal decidieron firmar una acordada para aumentarse un 15 por ciento sus propios salarios al tomar como referencia el aumento que dispuso la Corte Suprema para el Poder Judicial a partir del mes próximo. El tribunal tiene 21 cargos de jueces, distribuidos en siete salas (cuatro impositivas y tres aduaneras) aunque nueve lugares están vacantes. Sus colaboradores, que son 200, quedaron afuera del incremento porque, aunque hagan tareas como las de cualquier auxiliar de justicia (atiende la mesa de entradas), relator/a (escribe sentencias) o secretario/a (firma oficios y decisiones), no son reconocidos como tales. Están en la órbita del Ministerio de Economía.

Las salas dedicadas a derechos y cargas aduaneras llevan más de tres semanas sin dictar sentencias. Las que se ocupan de los impuestos de tributación interna firmaron algunas decisiones. Una jueza asumió que los vencimientos de los plazos de los expedientes están en situación de suspenso debido al paro, como si los jueces no pudieran escribir fallos u oficios. Si uno se guía por la cantidad de horas que Vicchi trabajó cada semana de 2015, que fueron entre 4 y 5 por día (con suerte) según los registros internos, es difícil entender cómo hace para atender tres vocalías (donde subroga cargos vacantes), además de la suya y la presidencia del tribunal. Por las subrogancias, los jueces perciben 33 por ciento de su sueldo. Por presidir este tribunal, otro 20 por ciento. Los sueldos más bajos de jueces rondan 130 mil pesos, monto que ya implica una enorme distancia respecto del cargo siguiente que es el de secretario letrado (24 mil pesos). En el caso de Vicchi, de 72 años, sus ingresos que en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción figuran entre los exentos del impuesto a las ganancias, totalizan 5,8 millones. Esa cifra supera los 400 mil pesos mensuales, y se debería a las rentas de los títulos públicos que posee.

El patrimonio que declara es de 42 millones de pesos. Además de dinero e inmuebles, consigna acciones en gran cantidad de empresas grandes: Telecom, Tenaris, Siderar, Petroleo Brasileiro, YPF, Pampa Energía, Banco Francés, Grupo Financiero Galicia, entre otras. Hasta ahora no se le plantearon conflictos de intereses en expedientes. Entre sus colegas, el que más declara tiene un capital de 5 millones.

Los jueces del tribunal fiscal no pasan por el mismo proceso de selección que el resto de los jueces. Deben ser abogados, aunque para cada sala con competencia impositiva hay un lugar reservado para algún contador/a. Además, para acceder al cargo tienen que presentarse a un concurso que se reduce prácticamente a una entrevista. Lo hace la Subsecretaría de Ingresos públicos. Los nombra el Poder Ejecutivo y no necesitan acuerdo del Senado. Hay un mecanismo de destitución que funciona frente a una acusación del Poder Ejecutivo o del presidente del tribunal. El jury lo encabeza el Procurador del Tesoro.

Vicchi trabajó en el Ministerio de Economía hasta 2001. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue nombrado juez en el tribunal fiscal, y ahí quedó. El último concurso fue en 2011, y allí se cubrieron siete cargos. Después no hubo más nombramientos. En diciembre del año pasado, la jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland anuló a pedido del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, el concurso que se había iniciado por considerar que dejaba de lado “la idoneidad y la independencia” así como la especialización para estos cargos. Acusó al Poder Ejecutivo de actuar según facultades discrecionales. Las siete vacantes que hay serán codiciadas por el gobierno de Mauricio Macri, aunque tendrán que cambiar la reglamentación.

Entre muchos de los grandes casos que en los últimos años tuvo este tribunal, los hubo vinculados a reclamos sobre facturación de importaciones; también conflictos derivados de venta por anticipación que firmaban algunas cerealeras; también pasaron por allí –por ejemplo– Lázaro Báez, Cristóbal López y hasta el diario La Nación con su deuda impositiva de 300 millones de pesos. Las empresas que más discuten pagos son, además de las cerealeras, las petroleras y las automotrices.

Es, en definitiva, un tribunal que maneja demasiado dinero –de impuestos, cargas y de sueldos para sus jueces– como para ser tan poco conocido. Una huelga duradera, como la que protagonizan los empleados, con alto acatamiento, y los sueldos supersónicos de los jueces, quizá lo terminen dotando de la fama pendiente.