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El Colectivo Nacional de Abogados Querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad manifestó su categórica oposición a la concesión del arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, emblema de la represión que osó reivindicar sus crímenes ante jueces y familiares. El Colectivo de abogados recordó las sospechas que rodean al condenado respecto de la desaparición de Julio López, y que con anterioridad se lo había trasladado a una cárcel por poseer armas de guerra en su vivienda.

En su nota del 22 de agosto Alejandra Dandan informó sobre la revista digital “Te cuento… la Semana”, órgano de prensa que se difunde con el fin de impulsar acciones concretas en apoyo de los represores, como el egreso de la cárcel y campañas contra los juicios. El director editor es uno de los condenados y entre los firmantes de los artículos se encuentran criminales como Miguel Clements, Gustavo Demarchi, Alfredo Astiz y Víctor Gallo, a quienes se los denomina “presos políticos” (el Derecho Internacional prohíbe expresamente calificar de tal manera a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, es decir, como parte de una política generalizada o sistemática del Estado contra la población civil).

La revista brinda servicios como organizar misas o contar chistes en los que se califica de prevaricadores a los jueces que intervienen en los procesos. Alude con entusiasmo al encuentro que el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj mantuvo con el “Centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas” -que aglutina a familiares, amigos y compañeros de los represores- y recuerda con fervor la postura favorable a los arrestos domiciliarios pregonada por el Ministro de Justicia Germán Garavano. En sus páginas puede leerse el “¡viva la patria!” con el que, a manera de reivindicación, se saludó el arresto casero otorgado al General Eduardo Cabanillas, condenado por crímenes en el centro de tortura Orletti.

Mas allá de las objeciones puntuales que puedan hacerse en cada caso, existen impedimentos concretos para que imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad queden alojados en cárceles, cualquiera sea su edad. Conformaron un aparato estatal y criminal de poder que contó con armas, logística y personal suficiente, sostenidos con el erario público. Contaron con una cobertura mediática para obtener impunidad y reivindicar sus acciones como si fueran combates producidos en el marco de una guerra. Ese aparato criminal se ha sostenido en el tiempo, especialmente en lo que hace a sus objetivos como la impunidad, el pacto de silencio y la comunidad informativa surgida en las salas de tortura. (Cuando Víctor Basterra fue dejado en libertad por el grupo de tareas de la ESMA –corría 1984 y había asumido Raúl Alfonsín– le exigieron que mantuviera silencio: “acordate que los gobiernos pasan y la comunidad informativa queda”).

El objetivo ulterior de esa red es la reivindicación de los campos de exterminio y la tortura, del que se han escuchado algunos adelantos ante los propios jueces, como las palabras provocadoras del represor Ernesto “Nabo” Barreiro producidas en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla, o las que en tono amenazante profirieron Ricardo Cavallo y Alfredo Astiz en el juicio de la ESMA. El órgano de prensa del que dio cuenta Página/12 y las distintas acciones emprendidas, son un claro ejemplo.

No debe olvidarse, además, las fugas de Gustavo Demarchi y Jorge Olivera del mismo Hospital Militar, lo que deja en claro la existencia de una red de apoyo con medios suficientes para eludir el llamado de los jueces, que cuentan no sólo con camaradas de armas, sino con religiosos, profesionales y empresarios. Años atrás, Olivera había eludido un proceso de extradición en Italia fraguando un documento público con el apoyo de organizaciones de ultraderecha. A ello se deben sumar las numerosas violaciones a arrestos domiciliarios, la última protagonizada días atrás por el comodoro Luis Trillo mientras paseaba a su perro.

Se desconoce lo que sucedió con Julio López, como se desconoce el destino final de miles de víctimas de la dictadura. Ninguna autoridad del gobierno de Mauricio Macri dijo ni ordenó nada al respecto, ni siquiera para intensificar la búsqueda del testigo albañil, dos veces desaparecido. Mucho menos para tratar de romper el pacto de silencio que mantienen los perpetradores. Pero sí se pronunciaron a favor de sus arrestos domiciliarios, que sin duda reforzará la omertá, con lo que las acciones emprendidas por la red de complicidad, encubridores y viudos de la picana y la capucha han surtido efecto, cercenándose las posibilidades de investigación y juzgamiento. Una burda intromisión del Poder Ejecutivo en el accionar judicial. Y este punto es uno de los que más deben tener en cuenta los jueces, porque el Gobierno no sólo no ha hecho nada por conocer el destino final de los desaparecidos –incluido López– sino que se empeña en premiar a los que mantienen el silencio y a quienes buscan la reivindicación del período más oscuro de nuestra historia.

A ello se debe agregar que no existe ninguna medida gubernamental tendiente a controlar el cumplimiento efectivo de los arrestos, para que la ley y la intervención de los jueces no sean una máscara que esconde impunidad.

* Abogado en causas de derechos humanos.