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Llegado octubre, la pregunta que se escucha en la calle sigue siendo la misma: ¿cuándo arranca la economía? El Gobierno dejó de poner fecha después de que la promesa de reactivación en el segundo semestre se le convirtiera en un boomerang. Lo máximo que se atreve a decir es que en algunos sectores surgen brotes verdes, que de tan aislados pueden contarse con los dedos de una mano: un aumento en los despachos de cemento del 6,8 por ciento en agosto, una suba del 3,6 por ciento de los créditos al consumo en septiembre, un alza del 8,3 por ciento en los patentamientos de cero kilómetro en lo que va del año y un incremento del 4,9 por ciento en las ventas de motos de enero a agosto. No hay mucho más, excepto la fiesta permanente del sector financiero por los negocios que le habilita el Banco Central y la primavera de la agricultura exportadora. Todo lo demás son caras largas. Ya hace un par de meses que la cadena de pagos sufrió una nueva prolongación. Los cheques que en diciembre eran a 30 y 60 días, ya para marzo se estiraron a 30, 60 y 90, y ahora son a 90 y 120. El consuelo de pymes industriales y comerciales es que no han aparecido masivamente cheques rechazados. El dato de una caída en agosto del 7,4 por ciento interanual del consumo de productos masivos –entre los que se encuentran alimentos, bebidas, artículos de higiene y tocador– en supermercados, autoservicios y almacenes que entregó esta semana la consultora CCR, el peor resultado en lo que va del año, confirma que la tendencia de deterioro del mercado interno se profundiza. Asociado a ello, sigue la contracción de la industria –con el sector metalmecánico a la cabeza, que se desplomó un 27,5 por ciento–, la construcción y las ventas minoristas, cuyo correlato es la multiplicación de despidos, suspensiones y reducción de horas trabajadas.

Esa realidad agobiante es consecuencia directa de decisiones de política económica que tomó el actual Gobierno. Las principales, la liberalización de la compra de dólares, la devaluación, la quita de retenciones, el aumento de tarifas –todo ello produjo una estampida inflacionaria–, los despidos en el sector público y el vía libre para las cesantías en el sector privado. Es la película de la recesión violenta que empezó en diciembre, que los trabajadores y empresarios se siguen preguntando cuándo terminará. Pese a la gravedad de la situación, el Gobierno logró con apoyo mediático que un sector importante de la sociedad accediera a olvidar sus promesas de campaña y aceptara el argumento de que todo lo que está pasando no es su culpa, sino de la administración anterior que había dejado minas enterradas. El “sinceramiento” sería el doloroso trabajo de poner las cosas en orden. Es un relato endeble y engañoso, pero efectivo con el establishment económico y comunicacional a disposición de los hombres de amarillo. Se vio muy claro con los datos de la pobreza. Lo central no es que se produjo el peor aumento en catorce años, sino que ahora se dice la verdad. Solo con eso, a Mauricio Macri le alcanzó para tirarla al córner. Incluso más fácil le resultó con las nuevas revelaciones de sociedades que le brotan en guaridas fiscales, sobre las que no tuvo que responder ni siquiera una pregunta.

El año perdido, los perjuicios ocasionados a una amplia mayoría, fueron advertidos en su momento en distintos análisis de las políticas que Cambiemos pretendía poner en marcha. El Gobierno y quienes lo sustentan, sin embargo, no dan cuenta de sus actos, sino que ponen la mirada más allá, en el momento en que empiecen a encontrar indicadores que muestren un detenimiento de la caída económica. Como se mencionó al comienzo, no se animan a aventurar una fecha, pero es presumible que tarde o temprano aparezca el piso de la crisis. La necesidad política para el oficialismo es que eso ocurra con tiempo suficiente antes de las elecciones de octubre de 2017. Una ventaja a su favor es la herencia recibida. El sector empresario atravesó la última década una etapa de acumulación, con altibajos de 2011 al 2015, que le permite en 2016 sobrellevar en líneas generales el derrumbe de la producción y el consumo. El ajuste va dejando caídos en el camino, pero a pesar de todo el macrismo conserva márgenes de maniobra para seguir con el relato. Instituciones como la Unión Industrial Argentina y la CGT le dan crédito. El Comité Ejecutivo de la UIA está compuesto por 24 miembros, de los cuales 20 se reconocen oficialistas. Una razón es que ese círculo de industriales tiene tantas hectáreas de campos como sus pares de la Sociedad Rural.

Para los trabajadores, la CGT parece estar dispuesta a aceptar el destino de la rana, que la ponen en una olla con fuego bajo y se va cocinando sin saltar. El único problema de esa explicación es que el aumento de la desocupación del 5,9 al 9,3 por ciento, el alza de la inflación del 23 al 45 por ciento, la suba de jubilaciones y asignaciones sociales del 30 por ciento contra una inflación del 45, el desprecio del Ministerio de Trabajo frente al aumento del desempleo, el tarifazo de servicios públicos y la transferencia de ingresos con la quita de retenciones al campo, a la industria y a las mineras no es exactamente fuego bajo, sino más bien una fogata que alcanza la parrilla donde lo trabajadores se encontraron de un día para otro. La conducción de la central obrera, dominada por oficialistas y massistas, va repitiendo la experiencia de los “gordos” que dejaron hacer lo mismo al menemismo dos décadas y media atrás.

La enorme herencia del desendeudamiento también son tanques de oxígeno para Cambiemos. Por ahora los está usando esencialmente para compensar el bache fiscal y externo, los déficit gemelos, pero esa fuente de recursos el año que viene le puede dar una plataforma para reactivar la obra pública y empezar a revertir los números negativos de la construcción, el sector que más ha expulsado mano de obra. El Gobierno espera ese momento para sentirse revalidado ante la sociedad. La jugada es bastante obvia, lo cual no le quita posibilidades de éxito. Después de una caída de la economía este año que apunta a 3 puntos o más, con que crezca algo en 2017 será suficiente para decir que va encontrando el camino. Una empresa que hasta 2015 trabajaba tres turnos y este año se vio obligada a bajarlos a uno, con suspensiones y despidos, si en 2017 logra estabilizar la situación seguramente se dará por satisfecha. A eso apuesta el oficialismo, al rebote del gato muerto que le permita pasar la barrera de las elecciones legislativas.

La figura del rebote del gato muerto es la que utilizaba la derecha en 2003 para desacreditar la recuperación económica que producían las políticas heterodoxas y a favor de los trabajadores y las pymes del kirchnerismo. También lo llamaron el veranito. A fines de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda al FMI y cortó relaciones con el organismo, ya era claro que el cambio en el rumbo económico no era una opción circunstancial. Esa transformación terminó generando la década ganada. La vuelta esta semana del Fondo Monetario, con sus elogios al ajuste, a la desregulación financiera, a la apertura importadora y sus consejos de acentuar el recorte del gasto público y avanzar con el resto del recetario neoliberal también evidencia que la pregunta de estos días no debe limitarse a cuándo arranca la economía, sino adónde conducen las políticas del Gobierno.