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Pocos días después de la difusión mundial de los Panama Papers, el entonces fiscal general Carlos Gonella a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó en la justicia la denuncia por el supuesto delito de lavado de activos de Jorge Macri, su esposa Florencia de Nardi y el director de una compañía involucrada en la operación, Javier Rubira Alonso. La causa que se tramita en el juzgado de San Isidro y está siendo atendida por el fiscal Fernando Domínguez nace por la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares, operación canalizada a través de una empresa constituida unos días antes en esa ciudad, que a la vez recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya. En la investigación intervinieron la AFIP, la Unidad de Información Financiera y la Procelac. La primera realizó un reporte de operación sospechosa (ROS N° 8262966) que fue remitido luego a la UIF, que abrió un expediente (N° 543/2012), actuaciones que derivaron en la apertura de la investigación preliminar por parte de la Procelac. En las declaraciones juradas impositivas de Jorge Macri no figura ese inmueble. En estos últimos meses, el fiscal ha recibido información adicional proveniente del exterior que tiene de protagonista al primo hermano del presidente de la Nación.

AFIP

El 18 de julio de 2012, la AFIP reportó que había verificado la participación de Jorge Macri en una sociedad constituida en Miami, Florida, Estados Unidos, denominada Icon Unit 1704 LLC. El 11 abril de 2011 esa compañía adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por el equivalente a 1.489.200 pesos (403.000 dólares a la cotización de 3,70 pesos por unidad). Icon Unit fue constituida aproximadamente un mes antes de la operación con una capital de 10 mil dólares, fondos cuyo origen tampoco esta determinado.

La AFIP convocó a Jorge Macri para que explicara esa operación sospechosa. El intendente de Vicente López justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepción de dos préstamos. Afirmó que uno fue otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil dólares y el otro por el Banco BAC Florida Bank por 219 mil dólares. La AFIP determinó que “el contribuyente bajo fiscalización no detenta en cabeza propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda justificar el origen de los fondos para la adquisición del inmueble en el exterior”.

UIF

La Unidad de Información Financiera intervino a partir de los reportes generados por la AFIP. La Dirección de Análisis de ese organismo público que en ese entonces se dedicaba a combatir el lavado de activos ratificó que Jorge Macri y su esposa Florencia de Nardi habían adquirido el departamento a través de Icon Unit 1704 LLC. Los expertos de la UIF precisaron que la tipología de la persona jurídica LLC (Limited Liability Company) “es un tipo de sociedad en la cual la responsabilidad de sus miembros se limita a las cantidades que aportaron al momento de su constitución. En materia fiscal, los ingresos que obtenga la sociedad se imputarán directamente a sus miembros, quienes deberán reportarlas en sus declaraciones de la renta personal”. Agregando que la sociedad “puede elegir ser ignorada a nivel fiscal, pasando la responsabilidad de reportar impuestos a sus miembros. En caso de ser estos extranjeros o no residentes, estos no tendrán obligación de pagar impuestos en USA, siempre y cuando no realicen negocios dentro del país. En estos casos también se eximen a la LLC de presentar cuentas anuales auditadas”. Y añadió: “las peculiares características de las LLC y en especial el tratamiento que reciben por parte de la agencia tributaria norteamericana permiten utilizarlas de manera parecida a una sociedad offshore”.

Fawsley S.A.

La UIF destacó en su presentación que del capital aportado por los socios se desconocía el origen de los fondos dado que de “la transferencia de los fondos no surge del listado ‘stock a disposición’, donde se registran las operaciones realizadas mediante el Mercado Único y Libre de Cambios, ni obraron registros en la base ‘egreso de valores’”. Advirtió además que Jorge Macri registró operaciones de compra de moneda extranjera recién a partir de 2012, mientras que Florencia de Nardi hasta la fecha del aporte (15/01/2011) registró compras por 12.887 dólares, de las cuales sólo 2030 correspondían a dólares para tenencia y los restantes a los conceptos ‘turismos y viajes’ (1071) y “compra de moneda extranjera para su entrega a la entidad en pago para financiaciones locales (9786)”.

La UIF también abordó la cuestión del origen de los fondos destinados a la compra del inmueble. La Dirección de Análisis detalló que “Macri manifestó que el 40 por ciento de los mismos provenían de un préstamo otorgado por la firma extranjera Fawsley SA”. Para los investigadores resultó llamativo que Fawsley SA le haya otorgado un préstamo a Icon Unit 1704 LLC por 184.000 dólares sin otra garantía que un pagaré, más aún porque se trataba de una firma extranjera recientemente constituida, con un capital ínfimo comparado con el monto prestado, lo que se desprende que el contrato de mutuo carecería de razonabilidad económica dada el significativo importe involucrado y las escasas garantías presentadas para la operación.

Para justificar ese crédito, Macri aportó copia del mutuo celebrado el 29 de marzo de 2011 suscripto en Montevideo, Uruguay. Pero Macri no estuvo ese día en Uruguay de acuerdo al registro de la Dirección Nacional de Migraciones, advierte la denuncia de la Procelac. Señala además que el préstamo otorgado, con mínimas garantías, resulta llamativo incluso en comparación al patrimonio declarado por el propio Macri, puesto “que no contaba con otros bienes declarados en el exterior (salvo participación societaria) y el monto del mismo (equivalente a 750.720 pesos) a dicha fecha, representaba cerca del 25 por ciento del total de su patrimonio”.

Finalmente, respecto del resto de los fondos utilizados en la operación, la UIF señaló que la AFIP le había indicado que Macri no aportó contrato alguno que se hubiera firmado con el Banco BAC Florida Bank Miami.

Procelac

La Procelac propone hacer foco en la sociedad Fawsley y en Javier Rubira Alonso, presidente de esa firma que le prestó el dinero a Macri. Rubira Alonso está involucrado en otras denuncias por lavado de activos que se tramitan en el fuero federal. Además es director de Abble Holdings Limited. El domicilio de esta última firma coincide con la de otras compañías investigadas en Uruguay por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Rubira Alonso está vinculado con el estudio jurídico uruguayo Juan Pedro Damiani (“JP Damiani & Asociados”), que tiene estrecha relación, a su vez, con el estudio jurídico y contable panameño Mossack Fonseca (dedicado a crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales), eje central de las filtraciones denunciadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El domicilio declarado por Rubira Alonso es el del estudio jurídico JP Damiani & Asociados: Reconquista 517, 7° piso, Montevideo. “La intervención de Javier Rubira Alonso, constituye un indicio serio de ilicitud que debe valorarse en el contexto del escándalo mundial conocido como Panama Papers”, señala la Procelac.

Aplicar fondos de origen delictivo a operaciones de compraventa de bienes muebles o inmuebles constituye una de las vías usuales que configuran típicas maniobras de lavado de dinero. La Procelac explica en su presentación que “el sentido detrás de esta operatoria es, generalmente, mutar el referente empírico, distanciarlo de su origen y conferirle apariencia de legalidad, esta vez, mediante su cambio por otro bien: está es, precisamente, la modalidad de lavado de activos”. La utilización de sociedades en paraísos fiscales constituye un serio indicio de ilicitud, advierten especialistas en lavado de capitales.

La Procelac señala que lo que está investigando son estructuras jurídicas en jurisdicciones que se caracterizan por su baja o nula tributación. Esas plazas se caracterizan por su opacidad financiera y por la reticencia al intercambio de información. Son jurisdicciones denominadas “guaridas fiscales”. Apunta que de acuerdo al índice de opacidad financiera elaborado por la organización no gubernamental Tax Justice Network, entre 85 países evaluados, Uruguay figura en el puesto 28° y los Estados Unidos, en el 6°.

Declaraciones

Con los reportes de la AFIP y la UIF, la Procelac inició una investigación preliminar disponiendo diversas medidas de prueba. Una de ellas reveló, como se mencionó, que el presidente de Fawsley es Javier Rubira Alonso, quien había sido director de la compañía Abble Holding Limited y esta siendo investigado en Uruguay por presunto lavado de dinero. La Procelac pudo verificar además que Jorge Macri está registrado como directivo de Latinum Investments Inc, radicada en Panamá, firma que sigue vigente (ver aparte).

Ante la consulta de la Procelac, la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que no existían declaraciones juradas presentadas ante el organismo por Jorge Macri, pese a que esta obligado por ley a cumplir con ese trámite. Incluso el PRO postula esa responsabilidad como uno de los pilares en su plataforma política al promover la “transparencia, ética pública y los organismos de control”.

La actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a principio de marzo de este año, firmó el decreto 116/2016 reafirmando la importancia que tiene, en la lucha contra la corrupción, la presentación oportuna de las declaraciones juradas de los funcionarios. “Lejos de actuar conforme a los principios que enarbolan en el discurso político, Jorge Macri incumplió con sus deberes de presentar declaraciones juradas, conforme el decreto ley entonces vigente”, precisa el documento de la Procelac.

El departamento de Miami no figura en las declaraciones impositivas de 2015 del primo hermano del presidente de la Nación presentada en la AFIP. Solo está registrado en la categoría bienes situados en el exterior un monto por un poco menos de 550 mil pesos, unos 42 mil dólares a fines de 2015 (cotización de 13,10 pesos), en títulos y acciones, pero nada en inmuebles. El patrimonio neto total que declara no supera los 4 millones de pesos, es decir, solo 308 mil dólares. Menos que el valor de compra del inmueble en Miami.

En base a la información recibida (incluyendo un reporte del BCRA), la Procelac concluye que debe investigarse a Jorge Macri “por poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. La hipótesis de la Procelac es que Macri “habría canalizado fondos de actividades delictivas ajenas a través de operaciones comerciales, como la compraventa de inmuebles”.