La citada resolución, que de salir adelante se traduciría en una reprimenda formal por parte del Congreso, es una medida extrema que se aprobó sólo en una ocasión en la historia de EEUU, al emplearse contra el presidente Andrew Jackson en 1834.

La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los republicanos, que se apresuraron a desautorizar la medida y a pronosticar que está abocada al fracaso. "La decisión del senador Feingold no sólo es perjudicial para los que luchan incansablemente para proteger a EEUU, sino que envía el mensaje equivocado a nuestros enemigos", aseguró en un comunicado emitido el domingo Tracey Schmitt, portavoz del Comité Nacional Republicano.

La agencia espía llamadas internacionales y correos electrónicos de residentes en EEUU sospechosos de terrorismo. Grupos de defensa de los derechos humanos, la oposición demócrata y algunos republicanos han tachado el programa de ilegal. Una ley de 1978 prohíbe las escuchas en territorio estadounidense a menos que cuenten con la autorización de un tribunal especial.

Por su parte, Bill Frist, líder de la mayoría republicana en el Senado, calificó la medida de "un loco movimiento político" que debilitará a EEUU en tiempos de guerra. El diario "The New York Times" fue el primero en revelar en diciembre pasado la existencia del programa de escuchas, que prescinde de la autorización judicial preceptiva y cuya ejecución está a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Bush argumenta que su autoridad como comandante en jefe y una autorización del Congreso del 2001 le otorgan el poder para llevar a cabo el programa, que comenzó poco después de los atentados de septiembre del 2001 en EEUU. La resolución de Feingold mantiene que el presidente "engañó de forma reiterada al público" antes de verse obligado a hablar sobre las escuchas, al indicar que su gobierno dependía de autorizaciones judiciales para grabar a presuntos terroristas.

El audaz paso del senador de la oposición llega cuando John Conyers, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, aboga a favor de una legislación que pediría al Congreso que determine si existen motivos para emprender un proceso de destitución ("impeachment") contra Bush.

El "impeachment" es el mecanismo constitucional por el cual la Cámara de Representantes examina las denuncias que pueden justificar la destitución presidencial. Tras el examen, la Cámara decide si somete el asunto al Senado, que es finalmente el que decide.

Feingold es uno de los representantes de la oposición más críticos con la Casa Blanca. Fue el primero en pedir que se estableciera un calendario para la retirada de Irak y el único senador que votó en contra de la Ley Patriota en 2001, que amplió los poderes policiales contra presuntos terroristas, y los mecanismos legales para espiar a los ciudadanos.

Su última maniobra política coincide con momentos bajos para Bush, que probablemente se verá acosado esta semana desde múltiples frentes ante la proximidad del tercer aniversario de la invasión de Irak por tropas estadounidenses, que se cumple el próximo domingo.

Lejos de amilanarse, Bush vuelve a la carga con una nueva batería de discursos sobre la guerra de Irak que estrena hoy en la George Washington University. La campaña busca "poner al día" a los estadounidenses sobre lo que Bush considera "progreso" en Irak.

El presidente, que durante el fin de semana se mostró optimista sobre el futuro de Irak y excluyó el riesgo de guerra civil, pronuncia el primero de sus discursos sólo un día después de que varios atentados se cobrasen la víctima de 40 personas en el país árabe, en la que fue la jornada más sangrienta de las últimas semanas.

Fuente: EFE