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Existen, en un país lejano que habla nuestro mismo idioma, tres grandes fábricas de celulosa: una de ellas trabaja en armonía con la población local y sin quejas importantes por cuestiones ambientales; la otra suscita conflictos con la comunidad local, con fuertes protestas por contaminación; la tercera recibió un premio por su gestión ambiental, pese a que sus estándares son inferiores a los de la que genera conflictos. Las tres fábricas pertenecen a una sola empresa, ENCE, la misma que construye una planta próxima a Fray Bentos. ¿Cómo puede ser? En el planteo de este acertijo, y en sus posibles respuestas, puede residir una clave para entender el atolladero del que dos países que son casi el mismo, Uruguay y la Argentina, luchan por salir. Página/12 recorrió media España para afinar la pregunta y atisbar la respuesta. El rompecabezas se fue armando gracias a los relatos y revelaciones de los directores de las plantas de Huelva y Pontevedra de ENCE; la voz de la Asociación por la Defensa de la Ría, el debate entre políticos y el debate entre puesteras del mercado de Pontevedra.

Y la respuesta puede organizarse a partir de un factor clave: en España existen, y funcionan, normas dictadas por la Unión Europea, con pautas cada vez más estrictas en materia ambiental, cuya infracción se castiga efectivamente a nivel supranacional: la planta de Huelva es un ejemplo del tranquilo cumplimiento de esta normativa. Pontevedra, en cambio, muestra el caso donde, a partir de una mala habilitación inicial –una fábrica que se instaló demasiado cerca del casco urbano–, se generan conflictos muy difíciles de resolver a posteriori. La planta de Asturias, la premiada, tiene sin embargo –según testimonian trabajadores de ENCE– niveles de control ambiental inferiores a los de la conflictiva Pontevedra, ya que en esta última se verifica otro factor clave: la activa participación comunitaria en la lucha por un medio ambiente saludable.

La planta de celulosa de Huelva, en Andalucía, cumplió 40 años en el 2004. “Desde comienzos de la década del ’80, las autoridades empezaron a plantearse las cuestiones ambientales y a establecer normas de control sobre la empresa –contó Isidro García Téllez, director de la planta–. Hasta entonces, no había legislación de medio ambiente respecto de la pasta de papel. Quienes empezaron a desarrollar tecnologías para limitar las emisiones hídricas y atmosféricas fueron los suecos y finlandeses, que tenían muchas industrias de este tipo. Desde 1985, nuestra empresa encaró la reducción de emisiones. La normativa todavía no era muy exigente. En los ’90 se desarrolló una presión mucho más fuerte desde las autoridades; se creó en Huelva un organismo específico, y entonces la empresa creó a su vez un departamento de medio ambiente. Desde 1995 se ejerce control mediante sensores instalados en nuestras chimeneas que las autoridades de Huelva monitorean on line.”

“Hoy por hoy –continuó García Téllez–, la Unión Europea dictó una nueva normativa de control de contaminación para plantas de celulosa, que regirá desde el 2007: obliga no sólo a respetar niveles mínimos de emisión sino a usar en cada caso la técnica establecida como más beneficiosa para el medio ambiente. Los Estados tienen la obligación de sancionar todo incumplimiento, y, si un país no cumple con esto, el Tribunal de Bruselas tiene la potestad de imponerle sanciones económicas.”

José Luis Gallardo, asesor de Medio Ambiente del alcalde de Huelva, trazó una historia de la lucha local contra la contaminación en esa ciudad, que cuenta con un importante polo industrial: “En un primer estadio, las industrias dejaron de emitir residuos a la ría y al ambiente. Luego, el desarrollo de la democracia, la mayor participación social y la acción de los medios de comunicación hacen que nadie pueda sacar los pies del plato. La entrada en la Unión Europea implicó mayores exigencias de calidad. Las empresas se ven llevadas no sólo a cuidar efectivamente sino a demostrarlo mediante estudios públicos de calidad. Esta política ha sido preservada por administraciones de distinto color político, y las empresas han aceptado hacer inversiones que superan ya los 250 millones de euros en cuestiones ambientales. Yo tengo 40 años: en mi niñez, llegué a nadar en la ría de Huelva. En mi adolescencia la perdí por la contaminación y ahora ha vuelto a recuperarse para las actividades náuticas. Los Estados europeos son muy rigurosos, ya que tienen la experiencia de un desarrollo económico que significó ataques brutales al medio ambiente”.

Esto no impide el hecho de que, según pudo constatar Página/12, el olor del polo industrial –parecido al del agua estancada pero con un dejo indefinible, químico– puede percibirse, no tanto en el casco urbano pero sí a lo largo de la costa hasta por lo menos siete kilómetros, cerca del colombino puerto de Palos. Y hay testimonios como el de José Francisco Gómez, profesor de inglés en la cercana localidad de Rociana, quien afirmó que “los cultivos masivos de eucalipto han contribuido a desertizar una tierra que ya era pobre y quitan lugar a las especies autóctonas que son la encina, el pino, el alcornoque”.

Mirar con lupa

En Pontevedra, en cambio, los problemas van mucho más allá de los alcornoques. La Asociación por la Defensa de la Ría –denunciante en el proceso penal que, hace cuatro años, llevó a la condena a prisión en suspenso de nueve directivos de ENCE por daño ambiental– presentó en febrero pasado una nueva denuncia, que su representante Benito Andrade resume así: “A partir de los últimos análisis de los vertidos de la estación depuradora de ENCE, detectamos niveles de contaminantes, sobre todo materia orgánica, por encima de los máximos permitidos”. Adolfo Asuar Aydillo, director de la Planta de ENCE en Pontevedra, contesta que, al contrario, “nuestras plantas depuradoras, similares a las que habrá en Uruguay, cumplen plenamente las normas, y son controladas por un organismo independiente que es la Universidad de Pontevedra”.

El problema de fondo en Pontevedra obedece a cosas que se hicieron mal desde el principio y ahora son muy difíciles de rectificar: básicamente, haber instalado la planta, en los años ’50, muy próxima a los cascos urbanos de Pontevedra –precioso laberinto medieval– y Marín. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, miembro del Partido Nacionalista Gallego, procura “que ENCE siga en la comarca pero a no menos de 30 o 40 kilómetros”, y observa que “estas empresas son industrias de enclave: no pagaron un centavo por el terreno y los eximieron de impuestos”. Juan Villena, vicepresidente de ENCE, admitió que “la planta de Pontevedra no está en el lugar más adecuado”. Sin embargo, las acciones de la empresa apuntan a quedarse aun más allá del 2018, plazo que tienen fijado por ley. Por eso es que en Pontevedra y contrariando la política general que se ha fijado la empresa –“concentrarnos en la producción de pasta celulósica y no diversificarnos hacia la elaboración de papel”, según su presidente–, la planta intentó hasta hace unos meses extenderse a la fabricación de papeles tisú. ¿Para qué? “Para consolidar el asentamiento en Pontevedra”, contestó el director Asuar Aydillo, y reconoció el propósito de renegociar la extensión del plazo más allá del 2018.

Por otra parte, no todos los políticos de Pontevedra acuerdan con el alcalde. Rafael Louzán, presidente de la diputación provincial y miembro del Partido Popular, defiende apasionadamente la localización de la planta: “ENCE apuesta por la calidad ambiental. Defendemos los puestos de trabajo que genera, y los intereses ambientales están salvaguardados: no hay ninguna denuncia”.

Pero, ¿y la causa judicial que concluyó, en el 2002, con la condena de nueve directivos de ENCE?”¿Fue por un tema laboral o medio-ambiental? No recuerdo bien”, olvidó Rafael Louzán, y, al recordársele que fue por “daño ecológico”, manifestó que “se ha intentado utilizar a ENCE como bandera política” y sostuvo que la empresa debería permanecer en su actual localización urbana más allá del 2018, “mediante su adscripción como zona portuaria”.

En cuanto a los empleados de ENCE, en Pontevedra sienten que en esto les va la fuente de trabajo: “El traslado de la empresa significaría de hecho su cierre –afirmó Francisco López Sánchez, uno de los delegados gremiales–: costaría 500 millones de euros, de los cuales el Estado aportaría el 20 por ciento y ENCE no está dispuesta a poner el resto”. Y otro delegado de la empresa, Manuel Godoy, señala las virtudes de la lupa: “La planta de ENCE-Navia, que obtuvo el premio Príncipe de Asturias por la calidad de su gestión ambiental, se maneja sin embargo con parámetros menos estrictos que la de Pontevedra. Es que la empresa no invierte más de lo estrictamente necesario: acá en Pontevedra, como hay mucha gente en contra, se invierte más; nuestros parámetros son mucho más exigentes porque nos están mirando con lupa”.