Así lo dispone la resolución 56 del ministerio de Justicia bonaerense que entró en vigencia y establece el nuevo reglamento del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que deroga la normativa anterior, de 1970, por "tornarse parte de la misma abstracta con las premisas imperantes en la actualidad, y que hacen de la institución penitenciaria un servicio público dejando atrás comportamientos y abordajes militares".

En el apartado "Trato a los Internos" de los lineamientos, se destaca que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense deben desarrollar su trabajo observando el derecho a la vida y la seguridad de los internos/as, como así también su bienestar. En el artículo 3 se determina que el personal penitenciario "no puede someter a tortura, castigo y/o trato cruel, inhumano o degradante a persona alguna". El agente "debe oponerse y evitar cualquier acto o acción que signifique maltrato, tortura, vejaciones y/o humillaciones contra el interno/a y/o cualquier menoscabo de su integridad físico y/o moral".

Según el nuevo reglamento "ningún agente del Servicio Penitenciario Bonaerense podrá invocar una orden superior como justificación de la tortura o maltrato perpetrado" y prohíbe al agente "el uso de la fuerza, salvo en los casos en los que la ley lo permita". Establece que los efectivos penitenciarios deben dar "tratamiento igualitario a todos los internos/as, atender los casos en los que se requiera atención específica, y recibir y dar curso a quejas y pedidos".

El reglamento dispone además que los agentes deberán procurar que toda persona privada de su libertad cuente con alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, vestimenta y cama adecuados. En el caso de los directores de las unidades penitenciarias, la nueva resolución, los obliga a respetar el cupo de alojamiento de cada unidad, evitando el hacinamiento de presos.

Fuente: Télam