El ex policía Julio Simón, cuyo nombre de guerra en la dictadura era "Turco Julián", fue condenado hoy a 25 años de prisión en lo que constituyó la primera sentencia que dicta la Justicia luego de la anulación de las leyes que exculparon sin juicio previo a represores.

Simón, beneficiado por las normas del perdón, fue encarcelado en principio por la apropiación de Claudia Victoria Poblete, hija del matrimonio desaparecido. Su arresto fue posible porque las leyes nunca ampararon los crímenes contra menores.

Pero en el año 2000 el juez Gabriel Cavallo decidió avanzar también sobre el secuestro de Hlaczik y Poblete, y dictó el primer fallo que declaró la nulidad e invalidez de las leyes, por ser contrarias a la Constitución Nacional y a los pactos de Derechos Humanos incorporados en la enmienda de 1994.

La decisión de Cavallo fue homologada por la Cámara Federal porteña, que recordó que los partícipes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura fueron favorecidos por leyes sancionadas en los '80 bajo presión militar al gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89).

Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia en 2003, las leyes del perdón comenzaron a ser cuestionadas también en el Congreso, que las derogó aquel año.

Así las cosas, se reanudaron las causas contra cientos de represores.

Finalmente el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó tanto la anulación de las leyes emanada de los tribunales como su derogación parlamentaria.

La Corte eligió para su pronunciamiento sobre el Punto Final y la Obediencia Debida el caso Hlaczik-Poblete, el mismo por el que hoy ha sido condenado Simón.

Datos oficiales difundidos esta semana indican que la caída de las normas permitió activar 959 causas penales, por las que 211 acusados cumplen prisión preventiva.

Uno de los hombres más complicados por la anulación de las leyes es el ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz, que está sometido a juicio oral y podría seguir la huella de Simón y convertirse en el segundo represor condenado por crímenes que durante años estuvieron bajo el paraguas de una normativa sancionada en favor de los victimarios.

Fuente: DYN