El convenio compromete a las partes a "viabilizar las negociaciones correspondientes con participación de autoridades gubernamentales a efectos de encontrar una solución definitiva y efectiva a las demandas de cada sector en relación con la explotación de estaño en el cerro Posokoni", consignó la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

El acuerdo fue posible gracias a la gestión del Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Guillermo Vilela, quien exhortó a los dirigentes de ambos sectores a que respeten la paz para poder iniciar las negociaciones.

"Queremos paz en esta población, basta de enfrentamiento y que haya calma entre hermanos trabajadores", declaró Prudencio Pacheco, dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras de Huanuni.

"Esta acta de pacificación es la única instancia que nos queda", dijo Jorge Villca, dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Huanuni.

El episodio, que según el gobierno tuvo una "violencia demencial", se produjo a 270 kilómetros al sur de La Paz, cuando los trabajadores del sindicato minero repelieron a sus colegas de las cooperativas, que intentaban tomar con palos, piedras y dinamita el yacimiento de estaño Huanuni, el único estatal de Bolivia.

Los disturbios comenzaron al terminar una asamblea en la que los cooperativistas fueron informados de que el gobierno rechazó el pedido para que les adjudicaran la totalidad de la mina y les ofreció, en cambio, la explotación de una parte de ella.

Los cooperativistas atacaron la mina e "hicieron volar las compresoras (que alimentan de oxígeno el interior del yacimiento)" con dinamita.

Por la gravedad de los hechos, el gobierno envió a la zona una comisión encabezada por el ministro de Minería, Walter Villarroel, cuya presencia fue rechazada por los mineros, que lo acusaron de parcialidad porque presidió la federación de los cooperativistas hasta su asunción como funcionario.

Villarroel, que responsabilizó a los sindicalistas por el enfrentamiento, negó que se proponga renunciar pero aclaró que su permanencia en el cargo depende de la voluntad del presidente Evo Morales.

Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, culpó al gobierno y reclamó la militarización de la zona.

A la vez, el sacerdote Guillermo Siles, director de la emisora Católica de Televisión, opinó que el origen del conflicto es un decreto de 1985 que causó el despido de más de 27.000 mineros, pero afirmó que el gobierno pudo haber tomado medidas que permitieran evitar el enfrentamiento de ayer.

Por otra parte, el ministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, atribuyó el enfrentamiento "una lucha de intereses económicos" porque "la suba del precio de los minerales en el mercado internacional, más que una bendición,se está convirtiendo en una maldición para el país".

Fuente: Télam