La Corte Interamericana realizará en su sede de San José de Costa Rica el 2 de febrero próximo una audiencia pública sobre el caso de Juan Francisco Bueno Alves, quien denunció ante el organismo internacional entre el 5 y 6 de abril de 1988 fue detenido de manera irregular por efectivos de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina.

Según narró Bueno Alves en su presentación, todo se inició a raíz de una transacción de compra-venta inmobiliaria con dos particulares, que no llegó a concretarse y derivó en denuncias cruzadas por estafa y amenazas.

En ese contexto, Bueno Alves y su abogado, Carlos Perez Galindo, fueron detenidos y durante ese lapso fue sometido a tormentos con el presunto objetivo de que incriminara a su letrado en un delito penal.

El ciudadano uruguayo dijo que fue torturado y que esos tormentos le causaron "perforación timpánica por trauma ótico directo en el oído derecho... secuelas permanentes, con el debilitamiento de un órgano, y de dos sentidos, el del oído y el del equilibrio"; además, dijo haber adecido golpes de puños en el estómago que no se acreditaron y de la privación de ingerir de la medicación que portaba al ser detenido para prevenir los dolores de úlcera.

Al cabo de 15 días de detención preventiva (Bueno Alves) recobró su libertad, y el 5 de octubre del mismo año, 1988, se decretó el sobreseimiento provisorio -por falta de indicios- de la acción penal instaurada en su contra, sostiene documentación de la Corte IDH.

El uruguayo denunció la situación ante la Justicia argentina, pero todos los policías presuntamente implicados fueron sobreseidos y la decisión quedó firme en 1996.

Sin embargo, Bueno Alves insistió ante organismos supranacionales y finalmente la Corte Interamericana convocó a la audiencia pública, en la que estarán presentes representantes de la presunta víctima, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado argentino.

También declararán peritos médicos sobre el estado de salud de Bueno Alves quien será examinado por médicos y psiquiatras-, y algunos testigos.

La Corte consideró que los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del procedimiento oral en cuanto al fondo y a las reparaciones y costas, por lo que es pertinente convocar a una audiencia pública.

El documento, firmado por el presidente del tribunal, Sergio García Ramírez, abre las puertas a que, tras expresar cada un sus posturas, las partes puedan arribar a un acuerdo amistoso para zanjar las diferencias.