La Sala M de la Cámara hizo lugar a la demanda promovida por Nilda Catalina Romano contra su propio abogado -cuya identidad esta agencia mantendrá en reserva, pues la sentencia no está firme- a raíz de la tramitación de una causa por las lesiones que sufrió en un siniestro callejero el 3 de marzo de 1993, en la Ruta Nacional 7, en la ciudad bonaerense de Chacabuco.

La mujer sufrió una fractura de cadera izquierda, fue sometida a una intervención quirúrgica y quedó con la secuela de una incapacidad parcial y permanente del 67 por ciento.

El automovilista que embistió a Romano fue condenado en sede penal, con lo que la instancia civil tenía la tramitación virtualmente allanada hacia una sentencia favorable a la víctima.

Los camaristas Carlos Ponce, Mabel De los Santos y Elisa Díaz de Vivar coincidieron con esa apreciación, pero condenaron al abogado porque dejó "caer las instancias" para llevar adelante el juicio civil y en consecuencia dispusieron que el propio abogado debería indemnizar a la mujer con una suma similar a la que podría haber obtenido si hubiera realizado correctamente su trabajo.

Los 80 mil pesos de la condena -dice el fallo- "guardan proporción con las indemnizaciones requeridas en la demanda por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos (...), el porcentaje de incapacidad determinado pericialmente, la edad de la víctima, los padecimientos sufridos, las intervenciones quirúrgicas a que fue sometida y las erogaciones que hubo de haber realizado en su larga convalecencia".