Las posibles fosas comunes estarían ubicadas en una zona conocida como "campo San Pedro", en jurisdicción de Campo Andino, 90 kilómetros de Santa Fe, según la denuncia radicada por la Casa de Derechos Humanos.

El organismo humanitario sostuvo que la estancia tendía 2.000 hectáreas y durante la dictadura habría sido usada como campo de tiro del Comando de Artillería.

Además, los denunciantes presentaron pruebas documentales, testimoniales e instrumentales y requirieron una medida cautelar urgente para que se preserve toda la zona porque consideran que podría haber sido utilizado como un centro de exterminio.

A la vez reclamaron la inmediata intervención del Equipo de Antropología Forense para que realicen los trabajos de investigación con el objetivo de establecer la existencia de restos humanos.

El juez Miño hizo cercar toda el área en la que se realizan las tareas de excavaciones.

La titular de la Casa de Derechos Humanos, Milagros Demiryi, denunció a los medios que "esta información viene circulando desde hace mucho tiempo sin que se hiciera jamás una investigación judicial seria y sistemática al respecto. Habría funcionado como centro de exterminio".