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No es la primera amenaza de desalojo que tiene el Bauen. Pero la que recibieron el viernes 20 de julio tiene una característica distinta. Además de darles un plazo de 30 días para abandonar el edificio, surge poco después del triunfo de una fuerza política de derecha en la ciudad, con Mauricio Macri a la cabeza.

Al conocerse la noticia, más de cincuenta organizaciones sociales se sumaron a la campaña en defensa del Bauen con actividades de todo tipo; culturales, artísticas, de difusión y medidas de protesta.

Una de ellas será el mediodía de hoy cuando una masiva movilización recorrera el camino desde el hotel recuperado, ubicado en Callao y Corrientes, hasta el juzgado nacional en lo comercial N 9, a cargo de Paula Hualde, que ordenó la intimación. Mientras tanto, se hará una presentación legal y se prepara un acto masivo para el 22 de agosto que se realizará en varios puntos del país.

“Es una situación complicada, está relacionada de manera directa con el triunfo de Macri pero se da también a nivel nacional. No es casual que hoy en provincia de Buenos Aires los trabajadores que recuperaron su fuente de trabajo estén teniendo problemas, igual los compañeros de Zanón.

El gobierno nacional quiere borrar todas las huellas de diciembre de 2001 y las empresas recuperadas somos hijas directas del 2001”, afirmó Fabio Resino, integrante de la cooperativa Bauen.

En este sentido, los trabajadores ya venían notando síntomas que podían dar lugar a este fallo, la situación en la ciudad, los desalojos que hubo en los últimos meses en varios barrios de la Capital y entienden que, ante este caso, no es sólo el Bauen el que está siendo atacado.

La resolución que llegó al Bauen fue presentada por la jueza Paula Hualde, intimando a los trabajadores a desalojar el edificio en un plazo de 30 días, para que sea restituido a sus anteriores dueños. Sin embargo, hay numerosos argumentos para desestimar esto.

Por un lado, el carácter fraudulento que existe en relación a la empresa Mercoteles, que reclama la devolución del edificio y se proclama como propietaria, aunque es una empresa fantasma creada por la misma gente del Bauen SA. Pero además, los trabajadores del Bauen obtuvieron al poco tiempo de poner en funcionamiento el hotel nuevamente –el 21 de marzo de 2003- la tenencia precaria del inmueble en el mismo juzgado N 9.

“Lo cierto es que a la jueza Hualde ya la conocemos hace años. En una reunión hace tiempo nos dijo que ella jamás iba a ir en contra de los trabajadores Bauen", afirmó el titular de la cooperativa, Marcelo Ruarte.

Hoy los trabajadores pedirán una audiencia con la jueza y presentarán una apelación de la medida y un recurso de amparo ante el fallo de desalojo. Además se realizará una conferencia de prensa este jueves a las seis de la tarde en el Hotel y se prepara un acto masivo, con participación de integrantes del PT de Brasil, una delegación de Venezuela y del Frente Amplio de Uruguay para el miércoles 22 de agosto, en paralelo con actividades en Rosario, Neuquen, Jujuy, Formosa y Mendoza.

En los cuatro años que lleva la gestión de los trabajadores en el hotel se logró transformar un edificio en condiciones precarias en un hotel en funcionamiento, se recuperaron 154 puestos de trabajo, se invirtieron más de cuatro millones de pesos en obras, en la terminación del bar de planta baja y en reacondicionar el lugar.

Además, se ha convertido en un espacio abierto a las organizaciones sociales, políticas, barriales y culturales, que realizan allí, ferias y conferencias de prensa, entre otras actividades.

“El caso del Bauen es emblemático. Nosotros creemos que hay que mostrar fuerza no sólo por la amenaza de que 150 personas se queden sin trabajo, sino porque si se trunca la historia del Bauen puede ser un efecto dominó para otras empresas recuperadas”, afirmó Ruarte.

De hecho, en el último tiempo las medidas no han favorecido los procesos de recuperación de empresas. En el caso del Bauen, la Legislatura aprobó un proyecto de ley del legislador macrista Mario Morando, que planteaba la asistencia del Estado porteño a la empresa a cargo del Bauen para refaccionarlo, al tiempo que los trabajadores pasaban a una relación de dependencia y se disolvía de facto la cooperativa.

Otro caso paradigmático es la ley 1529 aprobada hace tres años para que 13 empresas recuperadas fueran expropiadas, entre ellas Brukman y Chilavert: el Estado tenía que comprarlas, darle la tenencia a los trabajadores y ellos en veinte años devolvían el dinero. Sin embargo, vence a fin de año y nunca se reglamentó.

Si bien es incierto cómo puede desarrollarse el conflicto, los trabajadores expresaron su firmeza a sostener sus fuentes de trabajo y a mantener la movilización en las calles para lograrlo.

Así lo afirmó Resino: “Tenemos confianza en que la apelación va a ser aceptada pero tenemos que estar preparados. Lo primero es evitar el desalojo, tener un marco favorable y lograr la solución definitiva al conflicto, que es la expropiación, que el Estado compre el edificio y lo ceda a la cooperativa que lo ha hecho funcionar”.

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Fuente: Prensa de Frente